De Obama a Trump, de las sanciones a las licencias y de GAESA al capital privado: la disputa por quién controlará la economía cubana antes de que los cubanos puedan decidir su futuro
Durante años, la política estadounidense hacia Cuba se ha presentado mediante una oposición sencilla.
Barack Obama quiso abrir Cuba.
Donald Trump quiso cerrarla.
Obama apostó por normalización, comercio, viajes e integración. Trump recuperó la presión económica, reforzó sanciones, volvió a colocar a GAESA en el centro del conflicto y utilizó una retórica abiertamente confrontacional contra el régimen.
La diferencia política es indiscutible.
Pero cuando se observa qué transformación económica pretendía Obama y qué estructura económica intenta promover actualmente la administración Trump-Rubio, las dos estrategias no parecen estar tan alejadas como su discurso político sugiere.
Obama pretendía reducir la dependencia del ciudadano cubano respecto del Estado mediante comercio, inversión, conectividad y crecimiento privado.
Trump y Rubio también hablan de construir un sector privado independiente del Estado, pero pretenden hacerlo utilizando presión, sanciones y acceso económico condicionado.
La diferencia fundamental podría resumirse así:
Obama quería abrir primero y transformar después.
Trump parece querer presionar primero, seleccionar quién puede participar y controlar después la apertura.
El posible punto de llegada presenta semejanzas importantes: una Cuba menos estatal, con mayor propiedad privada, más capital internacional y una integración económica mucho mayor con Estados Unidos.
La verdadera disputa puede estar, por tanto, no solamente en si Cuba se abrirá, sino en quién controlará esa apertura y quién llegará primero a ocupar las posiciones económicas que genere.
Obama: la apertura como instrumento de transformación
La política de Obama nunca ocultó su dimensión económica.
Su directiva presidencial de octubre de 2016 afirmaba que el aumento de viajes e interconexión económica debía favorecer el desarrollo de un sector privado cubano y proporcionar mayores oportunidades económicas a la población.
Pero decía también algo mucho menos recordado hoy: la política estadounidense debía ayudar a las empresas de Estados Unidos a ganar acceso al mercado cubano.
Mientras existiera el embargo, Washington utilizaría las flexibilidades regulatorias disponibles para permitir interacción del sector privado estadounidense tanto con empresarios cubanos como, bajo determinadas circunstancias, con empresas estatales que proporcionaran bienes y servicios a la población.
Obama había comenzado ese proceso desde 2014 aumentando remesas, autorizando más transacciones y facilitando exportaciones estadounidenses.
Su teoría del cambio podía resumirse así:
integración económica → crecimiento del sector privado → mayor autonomía del ciudadano frente al Estado → transformación social → presión gradual para cambios políticos.
Obama además declaraba expresamente que no buscaba imponer un cambio de régimen y que correspondía a los propios cubanos decidir su futuro.
Trump cambia el método, no necesariamente todo el objetivo económico
Trump desmontó gran parte de aquella estrategia.
Pero su política contiene una continuidad importante: además de prohibir determinadas operaciones con GAESA y entidades militares, mantiene como objetivo fomentar un sector privado independiente del control gubernamental.
Marco Rubio fue todavía más explícito al explicar en 2026 la política estadounidense respecto al combustible destinado a Cuba.
Las ventas autorizadas no debían beneficiar al Gobierno ni a GAESA, sino al sector privado cubano. Rubio recordó además que la política desarrollada desde el primer mandato de Trump buscaba colocar a los actores económicos no vinculados al Gobierno o a los militares en una posición privilegiada.
Esto obliga a abandonar una caricatura demasiado sencilla:
Obama = negocios con Cuba.
Trump = ningún negocio con Cuba.
La política Trump-Rubio tampoco pretende detener absolutamente todo intercambio.
Pretende diferenciar entre:
actividad económica considerada beneficiosa para el aparato estatal-militar
y
actividad económica considerada compatible con los objetivos estadounidenses.
Y Washington posee una herramienta especialmente poderosa para determinar esa diferencia:
las licencias.
Sanciones y licencias: dos manos de una misma política
Durante 2026 Estados Unidos amplió considerablemente su capacidad de sancionar actores relacionados con sectores cubanos como energía, minería, metales, finanzas, defensa y seguridad.
También aumentó el riesgo para entidades extranjeras que mantengan determinadas relaciones económicas con estructuras bloqueadas.
Pero simultáneamente OFAC preservó las operaciones que ya estaban autorizadas bajo las regulaciones estadounidenses sobre Cuba.
Esto es fundamental.
El sistema no funciona simplemente como:
Cuba → prohibida.
Funciona como:
determinadas relaciones → castigadas
mientras
determinadas relaciones → legalmente preservadas.
Washington no está cerrando completamente la puerta.
Está determinando quién puede atravesarla y bajo qué condiciones.
El combustible: el laboratorio perfecto
Las exportaciones estadounidenses de combustible destinadas al sector privado cubano aumentaron considerablemente durante 2026.
Cuba, al mismo tiempo, autorizó a un número creciente de empresas privadas a participar en su distribución e incluso comenzó a abrir espacio para inversión extranjera relacionada con ese mercado.
Esto parecería materializar exactamente la política descrita por Rubio:
debilitar al aparato estatal y suministrar recursos directamente al sector privado.
Pero aparece inmediatamente una contradicción.
El combustible requiere puertos, aduanas, depósitos, terminales, almacenamiento, transporte, electricidad y redes de distribución.
Gran parte de esa infraestructura sigue controlada por el Estado.
Una operación puede terminar funcionando realmente como:
empresa estadounidense → infraestructura o intermediario estatal → empresa privada cubana.
El cliente final puede ser privado.
Eso no convierte necesariamente toda la cadena en independiente del Estado.
El problema no es el pequeño empresario
Cuando hablamos de “sector privado cubano” podemos estar mezclando realidades completamente diferentes.
No es lo mismo un pequeño restaurante o un profesional independiente que una empresa capaz de importar combustible, vehículos, maquinaria o grandes volúmenes de mercancías.
Para operar a esa escala hacen falta:
capital exterior,
acceso bancario,
permisos,
contactos,
infraestructura,
capacidad logística
y relaciones institucionales.
Ahí aparece una pregunta mucho más importante que la forma jurídica:
¿quién es el beneficiario económico real?
Una empresa puede ser formalmente privada sin que conozcamos quién aportó el capital, quién ejerce influencia efectiva o quién obtiene finalmente sus beneficios.
Y existen razones para examinar esa cuestión con especial cuidado.
Familiares inmediatos de figuras de la cúpula económica cubana aparecen administrando sociedades privadas incluso dentro de Estados Unidos.
Eso no demuestra que esas empresas sean instrumentos secretos de GAESA.
Pero sí demuestra que las fronteras entre élite cubana, capital privado y estructuras empresariales estadounidenses pueden ser mucho más porosas de lo que sugieren las categorías oficiales.
Por eso “privado” e “independiente del régimen” no deberían utilizarse automáticamente como sinónimos.
Mientras Washington presiona, Cuba también está cambiando
La Habana está implementando simultáneamente importantes reformas económicas.
Entre ellas aparecen mayores posibilidades para inversión privada y extranjera, utilización privada de tierras, importación de combustible y medicamentos y nuevas formas de participación privada en turismo y otros sectores.
El Gobierno cubano insiste en que esto no significa abandonar el socialismo y mantiene determinadas áreas estratégicas bajo control estatal.
Pero estructuralmente ocurre algo importante.
Washington quiere aumentar el peso del sector privado.
La Habana, empujada por una profunda crisis económica, también está aumentando el espacio privado.
Ambos gobiernos lo hacen por razones diferentes.
Pero sus movimientos pueden converger en un resultado similar:
menos monopolio estatal directo y mayor presencia de capital privado y extranjero.
Entonces la pregunta cambia.
Ya no es solamente:
¿se abrirá Cuba?
Es:
¿quién financiará y controlará esa apertura?
Crowley y Mariel: la paradoja logística
La estadounidense Crowley mantiene conexiones marítimas regulares entre Estados Unidos y Mariel.
Además, su expansión logística desde el Golfo incluye Cuba.
Esto resulta especialmente interesante porque Mariel está profundamente integrado en estructuras económicas controladas por el Estado cubano, mientras Washington aumenta simultáneamente las restricciones sobre determinadas entidades asociadas con ese aparato.
Sin embargo, los corredores autorizados continúan funcionando.
Aquí aparece lo que podría describirse como un foso regulatorio.
Para determinados actores extranjeros:
Cuba = riesgo de sanciones + problemas bancarios + Helms-Burton + dificultades de compliance.
Para determinados operadores autorizados:
Cuba continúa siendo accesible.
Eso no constituye una exclusividad estadounidense formal.
Pero puede convertirse en una importante ventaja competitiva.
Sherritt: la pieza económica más llamativa
La canadiense Sherritt International lleva décadas operando en sectores estratégicos cubanos.
Su participación en Moa involucra níquel y cobalto, dos minerales cuya importancia estratégica ha aumentado enormemente.
Después de las nuevas sanciones estadounidenses de 2026, Sherritt sufrió graves perturbaciones y comenzó a reconsiderar su exposición cubana.
Y entonces aparecieron compradores.
Gillon Capital planteó una operación que podría proporcionarle hasta el 55% de Sherritt.
La propia compañía confirmó que había consultado a State y Treasury y que ambos departamentos no objetaban que las negociaciones continuaran, aunque cualquier transacción definitiva necesitaría aprobación.
Gillon está vinculada al empresario texano Ray Washburne, antiguo funcionario y asesor de Trump.
Posteriormente apareció otra propuesta donde participa el empresario petrolero texano Albert Huddleston.
La secuencia observable es extraordinariamente interesante:
Estados Unidos amplía sanciones → Sherritt entra en una situación mucho más difícil → capital texano aparece intentando controlar la empresa → Washington conserva capacidad regulatoria sobre cualquier operación.
Eso no demuestra que las sanciones hayan sido diseñadas para entregar Sherritt a estadounidenses.
No existe evidencia suficiente para afirmarlo.
Pero el efecto potencial es visible:
un histórico inversor extranjero puede perder o reestructurar su posición mientras capital estadounidense intenta ocuparla.
Y estamos hablando de níquel, cobalto y energía.
Turismo: capital extranjero sale mientras Cuba abre espacio
El turismo presenta otra dinámica interesante.
Grandes operadores extranjeros han reducido o terminado operaciones mientras Cuba amplía posibilidades para empresas privadas, capital extranjero, gestión turística y otros servicios.
Todavía no existe evidencia suficiente para decir que compañías hoteleras estadounidenses se estén preparando para sustituir directamente a los europeos.
Por tanto sería incorrecto afirmar:
“Washington está expulsando a los españoles para entregarles sus hoteles a estadounidenses.”
Lo que sí puede observarse es:
capital extranjero establecido está saliendo mientras Cuba abre nuevas vías de participación privada y extranjera.
Quién ocupará esos espacios todavía está por determinar.
Texas lleva décadas mirando a Cuba
El interés texano tampoco comienza con Sherritt.
Texas ha visto históricamente a Cuba como un mercado natural para arroz, trigo, sorgo, ganado y otros productos agrícolas.
La geografía favorece ese comercio.
Cuba importa una gran proporción de los alimentos que consume.
Y los puertos del Golfo ofrecen ventajas logísticas considerables.
Durante años se han organizado misiones comerciales texanas para estudiar precisamente ese mercado.
No existe todavía una operación agrícola en 2026 comparable a lo que está ocurriendo alrededor de Sherritt.
Pero el interés, la infraestructura y la capacidad productiva existen.
Una apertura cubana aumentaría considerablemente esas oportunidades.
Havana Docks: las expropiaciones de 1960 siguen determinando 2026
La otra gran herramienta estadounidense no es OFAC.
Es Helms-Burton.
El caso Havana Docks surge de propiedades confiscadas después de la revolución.
En 2026 la Corte Suprema permitió que continuara el litigio relacionado con compañías que posteriormente utilizaron esas instalaciones.
Estados Unidos además intervino apoyando jurídicamente la posición de Havana Docks.
Esto convierte Helms-Burton en mucho más que una reclamación histórica.
Puede modificar directamente el costo de hacer negocios en Cuba.
La advertencia implícita para determinadas compañías es:
utilizar activos confiscados puede generar responsabilidades legales dentro de Estados Unidos incluso décadas después.
Washington posee entonces dos palancas diferentes:
OFAC puede determinar qué transacciones son posibles.
Helms-Burton puede modificar el riesgo jurídico asociado a determinados activos.
Juntas proporcionan una enorme capacidad para influir sobre quién puede participar cómodamente en una futura apertura.
Landau: una pregunta todavía sin respuesta
Christopher Landau, actual Deputy Secretary of State, representó profesionalmente a Havana Docks antes de entrar en el Gobierno.
Su declaración financiera registró además intereses en varios casos con honorarios contingentes y un acuerdo por el cual conservaría participación económica en un caso no identificado, dependiente de que el cliente terminara prevaleciendo.
La coincidencia temporal con Havana Docks resulta evidente.
Pero falta la prueba fundamental:
el disclosure no identifica ese caso como Havana Docks.
Por tanto no puede afirmarse responsablemente que Landau tuviera un interés financiero personal en ese litigio.
La pregunta correcta es más limitada:
si ese caso terminara siendo Havana Docks, ¿cuándo renunció a su interés y qué recusaciones lo mantuvieron separado de las decisiones gubernamentales relacionadas con su antiguo cliente?
Hasta que esa identidad pueda demostrarse hablamos de una anomalía que merece aclaración documental, no de corrupción probada.
Florida ya está pensando en la reconstrucción
Mientras estos movimientos económicos ocurren, empresarios cubanoamericanos importantes ya están pensando explícitamente en una Cuba posterior.
Jorge Mas Santos ha hablado públicamente de sus conversaciones con Trump sobre Cuba y de su larga relación con Marco Rubio.
Su entorno ha trabajado incluso sobre propuestas económicas y jurídicas para una futura transición.
La visión incluye:
infraestructura,
puertos,
aeropuertos,
banca,
inversión,
seguridad jurídica
y utilización del capital y conocimiento acumulado por la diáspora.
Carlos Saladrigas, desde otra posición política, ha hablado incluso de algo parecido a un Plan Marshall para Cuba.
No existe una única visión empresarial dentro del exilio.
Pero existe algo considerablemente más importante:
capital real ya está pensando en cómo financiar y organizar económicamente una futura Cuba.
Obama y Trump: más lejos políticamente que económicamente
Cuando se comparan ambos modelos aparece una semejanza incómoda.
Obama buscaba:
mayor comercio → mayor sector privado → más capital estadounidense → menor dependencia del Estado → transformación gradual.
Trump y Rubio buscan:
mayor presión → debilitamiento de determinadas estructuras estatales → sanciones sobre determinados socios → licencias para actividades seleccionadas → mayor sector privado → apertura condicionada.
Los instrumentos son profundamente diferentes.
Pero el posible resultado económico comparte elementos importantes:
una Cuba más privada, menos monopolizada por el Estado y mucho más integrada con el mercado y el capital estadounidense.
La diferencia está en quién controla la puerta.
Obama intentaba abrirla.
Trump parece querer controlar quién obtiene la llave.
¿Y si la transición cubana no comienza siendo política?
Aquí aparece probablemente la pregunta más importante de todo el análisis.
Durante décadas hemos imaginado una eventual transición cubana de esta manera:
crisis → caída o transformación del régimen → elecciones → nuevo Gobierno → reformas económicas.
Pero los acontecimientos actuales permiten imaginar otra secuencia:
crisis → negociación → redistribución de activos → garantías → entrada de capital → reformas institucionales → elecciones.
En ese escenario, la transición cubana podría comenzar pareciéndose más a una transacción entre centros de poder que a una revolución política.
No sería necesariamente una conspiración.
Las transiciones pactadas existen y pueden incluso impedir violencia y caos.
Pero quienes llegan a esas negociaciones suelen ser quienes ya poseen poder.
Washington.
Dirigentes cubanos.
Administradores de empresas estatales.
Empresarios.
Bancos.
Fondos de inversión.
Reclamantes de propiedades.
Capital internacional.
Sectores económicamente poderosos de la diáspora.
Y entonces surge una pregunta inevitable:
¿dónde queda el cubano?
El cubano puede llegar tarde a la mesa
El ciudadano ordinario no negocia una licencia OFAC.
No compra Sherritt.
No controla Mariel.
No reestructura deuda soberana.
No negocia una reclamación Helms-Burton.
No compra hoteles.
No adquiere una mina.
No recapitaliza la red eléctrica.
No tiene cientos de millones de dólares para participar en una privatización.
Si la transformación económica ocurre antes que la política, el ciudadano podría finalmente recuperar el derecho a votar y descubrir que una parte fundamental de la economía que condicionará su futuro ya fue negociada antes de que pudiera hacerlo.
Podría elegir al próximo presidente después de que otros hayan decidido:
quién posee las minas,
quién controla determinados puertos,
quién financia el sistema energético,
qué propiedades se restituyen,
cuáles se venden
y quién puede comprarlas.
Ahí aparece una contradicción extraordinaria:
democracia política después de una distribución económica realizada sin participación popular.
Privatizar no significa democratizar
Durante más de seis décadas el Estado cubano ha controlado enormes cantidades de tierra, hoteles, industrias, minas, edificios, bancos, puertos y empresas.
Si esos activos comienzan a pasar al sector privado aparece inmediatamente una pregunta:
¿privados de quién?
¿Se venden?
¿Se restituyen a propietarios anteriores?
¿Se compensan mediante bonos?
¿Los trabajadores reciben acciones?
¿La población recibe participación sobre activos que durante décadas supuestamente pertenecían al pueblo?
¿Los administradores actuales pueden comprarlos?
¿Pueden adquirirlos fondos internacionales?
¿Tiene prioridad la diáspora?
¿Pueden familiares de la antigua élite transformar sus contactos en propiedad?
Estas decisiones pueden definir Cuba durante generaciones.
El riesgo no es solamente que sobreviva el antiguo régimen.
Existe otro:
que desaparezca el monopolio estatal pero sea sustituido por una nueva concentración privada.
El antiguo administrador puede convertirse en empresario.
El familiar del dirigente puede convertirse en accionista.
El inversionista extranjero puede convertirse en propietario.
El emigrado con capital puede adquirir activos.
Mientras el cubano que nunca tuvo acceso a dólares continúa siendo trabajador.
Eso sería una transformación económica.
No necesariamente una democratización económica.
La transición podría convertirse en una transacción
Washington posee algo que Cuba necesita:
acceso financiero, alivio de sanciones, mercados, inversión y normalización.
La dirigencia cubana posee algo que Washington necesitaría para evitar un colapso caótico:
instituciones, administración, fuerzas de seguridad y capacidad para ejecutar una transición.
La diáspora posee capital y conocimiento.
Las empresas internacionales poseen tecnología e inversión.
Los reclamantes históricos poseen derechos jurídicos potenciales.
Todos tienen algo que negociar.
Podría aparecer entonces un intercambio gigantesco:
alivio de sanciones ↔ reformas políticas
acceso financiero ↔ cambios institucionales
inversión ↔ seguridad jurídica
normalización ↔ apertura electoral
garantías para determinados actores ↔ transferencia ordenada del poder
compensación de reclamaciones ↔ solución sobre propiedades confiscadas
Una transición pactada así podría evitar violencia, hambre, éxodos masivos o colapso institucional.
Eso sería positivo.
El peligro aparece cuando las garantías necesarias para abandonar el poder se convierten también en mecanismos que permitan transformar antiguo poder político en nueva propiedad económica.
Marco Rubio y la ventana de 2028
Aquí aparece además una dimensión política estadounidense difícil de ignorar.
Marco Rubio lleva décadas vinculado al expediente cubano y actualmente ocupa una posición excepcional para dirigir cualquier negociación.
En agosto de 2026 declaró estar convencido de que antes de finalizar la actual administración Cuba estaría en un camino irreversible hacia un futuro muy diferente.
También habló del cambio como un proceso y una transición que requerirá tiempo.
La administración termina en enero de 2029.
Las elecciones presidenciales serán en noviembre de 2028.
Rubio no ha anunciado una candidatura.
Pero aparece recurrentemente entre los principales posibles sucesores republicanos de Trump.
La coincidencia temporal crea un incentivo político evidente.
No demuestra una intención.
Pero el incentivo existe.
Cuba como posible credencial presidencial
Si entre 2026 y 2028 Cuba entrara en una transformación histórica y Rubio desempeñara el papel principal desde Washington, podría presentarse electoralmente como uno de sus arquitectos.
Podría argumentar que Estados Unidos:
presionó al régimen,
redujo la influencia rusa y china,
abrió una transición,
evitó una guerra,
favoreció una nueva economía
y colocó a Cuba en una trayectoria diferente después de casi siete décadas.
Sería una victoria diplomática, geopolítica, económica y simbólica enormemente poderosa para una candidatura presidencial.
Pero aquí debe mantenerse una distinción fundamental:
que Rubio pueda beneficiarse políticamente de una transformación cubana no demuestra que esté diseñando esa transformación para beneficiarse electoralmente.
Eso sería confundir incentivo con causa.
Lo que sí puede observarse es que el horizonte temporal que Rubio establece para Cuba coincide prácticamente con el siguiente ciclo presidencial estadounidense.
Eso convierte cualquier transformación importante de la isla en una posible palanca política adicional.
La paradoja final
Una transición negociada podría beneficiar simultáneamente a numerosos actores.
Trump podría presentarla como una gran victoria histórica.
Rubio podría convertirse en su arquitecto diplomático.
Empresas estadounidenses tendrían acceso a un nuevo mercado.
Texas podría encontrar oportunidades en minería, energía, agricultura y logística.
Empresarios de Florida y la diáspora participarían en reconstrucción e inversión.
Determinadas élites cubanas podrían conseguir garantías para facilitar una transferencia ordenada.
Y millones de cubanos podrían beneficiarse realmente de mayores libertades, inversión, empleo, infraestructura y mejores condiciones de vida.
Por eso sería simplista describir cualquier negociación como necesariamente contraria a los intereses del pueblo cubano.
El problema no es negociar.
El problema es:
quién negocia y qué se decide antes de que el ciudadano pueda participar.
Lo que sabemos y lo que todavía no sabemos
Sabemos que Obama pretendía desarrollar el sector privado cubano y ampliar el acceso estadounidense al mercado de la isla.
Sabemos que Trump y Rubio también quieren fortalecer un sector privado separado de GAESA y del aparato estatal, aunque utilizando herramientas completamente diferentes.
Sabemos que Estados Unidos sanciona determinadas operaciones mientras mantiene otras mediante licencias.
Sabemos que combustible estadounidense entra actualmente destinado al sector privado.
Sabemos que Crowley continúa operando hacia Mariel.
Sabemos que capital texano intenta posicionarse sobre Sherritt después de que las nuevas sanciones alteraran profundamente la posición de la compañía.
Sabemos que operadores turísticos extranjeros están saliendo mientras Cuba abre nuevas formas de participación privada y extranjera.
Sabemos que Helms-Burton continúa modificando el riesgo jurídico de utilizar propiedades confiscadas.
Sabemos que grandes empresarios de Florida y la diáspora ya están pensando en la arquitectura económica de una futura Cuba.
Y sabemos que Rubio habla públicamente de colocar Cuba en una trayectoria irreversible antes del final de la actual administración.
Lo que todavía no sabemos es si todo esto responde a una estrategia económica coordinada.
No podemos demostrar que Washington pretenda reservar Cuba para capital estadounidense.
No podemos afirmar que los grandes privados cubanos sean todos testaferros de la élite.
No podemos demostrar todavía que el interés financiero contingente declarado por Landau corresponda a Havana Docks.
Y tampoco existe evidencia para afirmar que Rubio esté diseñando la política cubana pensando en una candidatura presidencial.
Esas conexiones siguen siendo hipótesis.
Pero los hechos permiten formular una pregunta legítima mucho más amplia.
Conclusión: quizás estamos preguntando por el cambio equivocado
Durante más de sesenta años el debate cubano se ha concentrado en una pregunta:
¿cuándo terminará el régimen?
Quizá debamos comenzar a observar otra:
¿qué está ocurriendo con la propiedad, el capital y el poder económico mientras esperamos que cambie?
Porque los movimientos ya comenzaron.
Washington sanciona unas estructuras y autoriza otras.
OFAC abre y cierra corredores.
Helms-Burton altera el valor jurídico de activos confiscados.
Crowley continúa entrando a Mariel.
Capital texano intenta posicionarse sobre minería estratégica.
Empresarios de Miami diseñan escenarios de reconstrucción.
Cuba amplía espacios privados y extranjeros.
Capital extranjero establecido abandona determinados sectores.
Nuevos actores aparecen.
Y Estados Unidos posee una enorme capacidad para determinar qué operaciones pueden desarrollarse cómodamente dentro de su sistema financiero y regulatorio.
La transición cubana podría entonces no llegar como una gran escena histórica donde un régimen desaparece una mañana y al día siguiente aparece otro sistema.
Puede comenzar antes.
Como una negociación de sanciones.
De propiedad.
De deuda.
De inversiones.
De garantías.
De reclamaciones.
De licencias.
De acceso a mercados.
Puede parecerse menos a una revolución y más a una gigantesca transacción.
Eso no necesariamente sería malo.
Una transición negociada podría evitar violencia, caos y destrucción.
Pero existe una condición fundamental para que represente realmente una liberación y no solamente una transferencia de poder:
el cubano no puede llegar a la mesa después de que todo haya sido negociado.
Porque una democracia no consiste únicamente en permitirle elegir quién gobierna.
También importa quién decidió las condiciones económicas dentro de las cuales ese Gobierno tendrá que gobernar.
Y entonces quizá la pregunta definitiva sobre el futuro de Cuba no sea solamente quién gobernará después del castrismo.
La pregunta es:
¿quién será propietario de Cuba cuando cambie, quién habrá decidido esa distribución y qué capacidad tendrá el cubano común para participar en ella?
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