Del reparto del patrimonio a la creación de oportunidades
Cuba podría encontrarse ante uno de los problemas económicos más difíciles que puede enfrentar una nación: no reformar simplemente una economía de mercado defectuosa, sino transformar una estructura construida durante más de seis décadas alrededor de la propiedad estatal, el monopolio político, la intervención administrativa y una débil seguridad jurídica.
La cuestión ya no es puramente hipotética. En junio de 2026, el propio gobierno cubano aprobó un amplio paquete de reformas que contempla convertir empresas estatales en sociedades por acciones, permitir bancos privados, ampliar la inversión privada y vender propiedades estatales a personas y entidades nacionales y extranjeras. Al mismo tiempo, el sector no estatal ya representaba el 55 % del valor de las ventas minoristas en 2024 y aproximadamente 1,6 millones de una fuerza laboral de cuatro millones trabajaban en el sector privado. Cuba ya está cambiando económicamente, aunque continúe haciéndolo dentro de su actual estructura política.
Por eso importa discutir ahora qué modelo podría sustituir al actual si se produjera una transición política real.
Esta propuesta parte de una idea fundamental:
El objetivo principal de una transición económica no debería ser repartir entre los cubanos el valor de la economía heredada, sino crear las condiciones para que los cubanos puedan producir, emprender, invertir, trabajar, competir y acumular patrimonio nuevo, protegiendo temporalmente a quienes no puedan soportar el costo inicial de la transformación.
No se propone igualdad de resultados. Tampoco una liquidación indiscriminada del Estado.
Se propone igualdad jurídica, oportunidad económica, propiedad segura, competencia y un colchón social de transición.
- El problema de comenzar por el reparto
Una de las propuestas actualmente discutidas plantea entregar a cada ciudadano un token vinculado a un Fondo de Privatización. Las empresas estatales serían vendidas, el producto de las ventas entraría al fondo y cada token representaría una fracción de ese patrimonio. Según el esquema presentado, los tokens podrían negociarse y el proceso culminaría después de un plazo determinado.
La propuesta tiene una virtud evidente: intenta impedir que el patrimonio estatal simplemente termine en manos de funcionarios, antiguos administradores o grandes inversionistas sin que el ciudadano común participe de algún modo.
El problema es que confunde dos cosas diferentes:
participar en el precio de venta de un activo y ser propietario del activo productivo.
Si una empresa estatal es vendida por 100 millones de dólares y esos 100 millones ingresan al fondo, los ciudadanos participan del dinero. Pero el comprador conserva la empresa y toda su apreciación futura.
Si cinco años después esa empresa vale 500 millones, la sociedad ya no participa necesariamente de esos 400 millones adicionales.
El token habrá distribuido parte del precio de la transferencia.
No necesariamente habrá distribuido la propiedad productiva.
La igualdad del día cero
Existe además un problema todavía más serio cuando los derechos son libremente transferibles.
Entregar un token idéntico a cada ciudadano produce igualdad formal en el momento inicial. Pero los ciudadanos no comienzan la transición en condiciones económicas iguales.
Una persona sin ahorros, necesitada de alimentos o tratando de reconstruir su vivienda puede tener razones perfectamente racionales para vender rápidamente un activo cuyo valor futuro desconoce.
Un fondo de inversión puede esperar diez años.
No hace falta corrupción para que aparezca concentración.
Basta con que uno necesite liquidez y otro disponga de ella.
La experiencia rusa constituye una advertencia, aunque no debe simplificarse. Entre 1992 y 1994 Rusia privatizó más de 16.500 empresas y distribuyó vouchers prácticamente a toda la población. El resultado no se debió simplemente a que “los pobres vendieron sus vouchers”: las preferencias concedidas a administradores y trabajadores, la inflación, unas instituciones débiles y deficiencias en gobierno corporativo fueron determinantes. Los insiders terminaron controlando alrededor de dos tercios de las acciones en aproximadamente dos tercios de las empresas privatizadas.
La segunda fase rusa fue todavía peor. El programa loans-for-shares de 1995 utilizó procedimientos poco transparentes para transferir participaciones en algunas de las empresas más valiosas del país; el FMI documentó precios bajos, conflictos de interés y subastas en las que bancos encargados de administrarlas acabaron ganándolas.
La lección no es que privatizar sea un error.
Es otra:
privatizar rápidamente antes de disponer de instituciones, competencia, información y capital ampliamente distribuido puede transformar poder político y financiero previo en concentración patrimonial posterior.
- Los Bonos Patrimoniales: una propuesta distinta y más seria
La propuesta de Bonos Patrimoniales vinculada al Movimiento C40 merece un tratamiento diferente.
Su diseño comienza con un Inventario Nacional del patrimonio público y propone bonos que representarían la participación de los ciudadanos en ese patrimonio. Además, contempla restricciones iniciales a su transmisión precisamente para impedir compras masivas y concentración durante los primeros años. No todo el patrimonio sería privatizado.
También propone que los bonos puedan actuar como garantía para obtener financiación, que determinadas personas reciban protección patrimonial especial y que el instrumento desaparezca gradualmente una vez terminada la transición.
Todo eso resuelve varias de las objeciones que pueden hacerse al token inmediatamente negociable.
Sin embargo, subsisten problemas económicos importantes.
¿Qué derecho representa exactamente el bono?
La propia propuesta sostiene que el Bono Patrimonial no es dinero, no es una deuda pública tradicional y tampoco representa necesariamente la propiedad de un activo determinado. Representa una participación en el patrimonio público agregado.
Esto plantea una pregunta jurídica fundamental:
¿qué puede exigir exactamente el propietario del bono?
Una carretera puede ser tasada en 500 millones de dólares. Un hospital puede valer 200 millones. Un puerto puede valer 2.000 millones.
Pero si esos bienes seguirán siendo públicos y no pueden liquidarse para satisfacer al tenedor del bono, su valor contable no equivale necesariamente a respaldo financiero realizable.
La propuesta necesita definir si el bono constituye un derecho sobre ingresos, dividendos, privatizaciones futuras, una obligación de rescate del Estado o alguna combinación de ellos.
Sin esa definición, puede existir una enorme diferencia entre “el bono está respaldado por 20.000 dólares de patrimonio” y “el ciudadano puede convertir jurídicamente esos 20.000 dólares en valor económico realizable”.
El problema del rescate
La propuesta contempla que el Estado rescate gradualmente los bonos conforme se fortalezca la economía.
Eso genera otra pregunta:
¿con qué dinero?
Si el Estado debe entregar recursos a cambio del bono, aparece una obligación fiscal futura aunque formalmente el instrumento no sea denominado deuda pública.
Si el rescate procede de privatizaciones, volvemos parcialmente al problema de financiar los derechos ciudadanos mediante la venta de activos.
Si procede de impuestos futuros, los nuevos contribuyentes terminarán financiando la retirada del patrimonio distribuido anteriormente.
Es necesario cerrar contablemente ese circuito.
La paradoja del bono como garantía
La propuesta también plantea utilizar los bonos como garantía bancaria y permitir que bancos de inversión los adquieran.
Aquí aparece una tensión.
Si los bonos no pueden transferirse libremente para impedir la concentración, ¿qué ocurre cuando un préstamo garantizado por bonos entra en impago?
Si el banco no puede apropiarse o vender el bono, el colateral tiene poca capacidad de ejecución.
Si puede hacerlo, hemos creado precisamente una vía de transferencia hacia instituciones financieras.
No significa que el mecanismo sea imposible. Significa que necesita reglas extremadamente precisas sobre ejecución, límites de acumulación, beneficiarios finales y mercados secundarios.
Además, es correcto afirmar que los bancos modernos crean depósitos cuando conceden crédito, pero eso no significa que la existencia de un activo valorado permita generar crédito automáticamente. Los bancos están limitados por riesgo, capital, liquidez, regulación, rentabilidad y capacidad de pago del prestatario. El propio Banco de Inglaterra insiste en esas restricciones.
El patrimonio facilita el crédito. No sustituye un sistema bancario funcional.
El crecimiento privado no aumenta automáticamente el respaldo público
Existe otra incoherencia que necesita aclaración.
La propuesta sostiene que nuevas fábricas, inversiones y proyectos aumentarían el patrimonio nacional y con ello el valor de los bonos.
Pero si una nueva fábrica pertenece a un empresario privado, esa fábrica aumenta la riqueza de Cuba en sentido económico, no necesariamente el patrimonio público que respalda los bonos.
Riqueza nacional y patrimonio estatal no son la misma cosa.
Una economía puede hacerse muchísimo más rica al mismo tiempo que disminuye el porcentaje de la riqueza propiedad del Estado.
Esta distinción es esencial para cualquier instrumento respaldado patrimonialmente.
III. El desacuerdo fundamental
Aquí aparece la diferencia central entre estas propuestas y la alternativa defendida en este documento.
Los tokens preguntan:
¿cómo repartimos el producto de la privatización?
Los Bonos Patrimoniales plantean una pregunta más sofisticada:
¿cómo convertimos el patrimonio público en una base patrimonial distribuida entre los ciudadanos?
La propuesta que aquí se defiende comienza desde otro punto:
¿Cómo conseguimos que millones de cubanos tengan la capacidad permanente de crear su propio patrimonio?
No niego que el patrimonio heredado importe.
Debe inventariarse.
Debe protegerse.
Debe recuperarse cuando haya sido desviado.
Debe restituirse o compensarse cuando existan derechos legítimos anteriores.
Debe privatizarse cuando corresponda.
Pero no debe convertirse en el centro intelectual de la transición.
La riqueza decisiva de una Cuba futura probablemente todavía no existe.
- La lección polaca: liberalizar no significa liquidar
El Plan Balcerowicz aplicado en Polonia desde enero de 1990 ofrece una referencia útil, pero tampoco debe copiarse.
Polonia liberalizó precios, endureció las restricciones presupuestarias sobre empresas estatales, redujo subsidios, reformó el sistema monetario y abrió rápidamente espacio para la empresa privada. Sin embargo, la privatización de las grandes empresas estatales avanzó considerablemente más despacio que en varias otras economías de Europa Oriental.
La expansión del nuevo sector privado terminó siendo uno de los grandes motores de la recuperación polaca. Polonia fue la primera economía de la región en superar la recesión transformacional y en 1999 su PIB era aproximadamente un 20 % superior al de 1989.
Eso no convierte la terapia de choque polaca en un modelo perfecto. El ajuste inicial tuvo costos sociales importantes.
Pero sí deja una lección especialmente útil para Cuba:
Puede ser necesario liberalizar muy rápidamente una economía sin necesidad de vender muy rápidamente todo su patrimonio.
Ese principio constituye uno de los fundamentos de esta propuesta.
- Un marco cubano: la Constitución de 1940 como punto de partida
La transformación económica debería desarrollarse paralelamente a una reconstrucción jurídica.
La Constitución cubana de 1940 proporciona una base histórica particularmente interesante, aunque no debería restaurarse mecánicamente como si hubieran transcurrido unos meses y no más de ocho décadas.
Su utilidad reside en recuperar una continuidad constitucional republicana cubana y actualizarla para una economía del siglo XXI.
El artículo 24 prohibía la confiscación y exigía autoridad judicial, causa de utilidad pública o interés social e indemnización para privar a una persona de su propiedad. El artículo 87 reconocía expresamente la legitimidad de la propiedad privada, aunque dentro de su función social.
La misma Constitución prohibía la creación de monopolios privados, establecía supervisión pública sobre servicios esenciales y sometía moneda y banca a regulación y fiscalización.
También creó un Tribunal de Cuentas independiente encargado de fiscalizar ingresos, gastos, presupuestos y contratos públicos.
Hay ahí una estructura sorprendentemente compatible con varios principios que necesita una transición:
propiedad privada + límites al poder estatal + competencia + supervisión financiera + protección social + fiscalización independiente.
Sin embargo, algunas disposiciones económicas de 1940 están evidentemente vinculadas a las circunstancias de su época y deberían modernizarse.
Por tanto, no se propone regresar a la economía de 1940.
Se propone utilizar la tradición constitucional de 1940 como matriz de legitimidad, reconstruyendo sobre ella derecho concursal, legislación bancaria, protección de datos, comercio digital, derecho societario, reglas modernas de competencia, inversión extranjera, propiedad intelectual y mercados financieros.
- La propuesta alternativa
La transición debería desarrollarse simultáneamente en varias dimensiones. No existe una secuencia perfecta en la que una etapa termine completamente antes de comenzar la siguiente.
Fase aproximadaPrioridad0–90 díasSeguridad jurídica, preservación de activos y archivos, emergencia humanitaria y control patrimonial0–12 mesesEstabilización monetaria y fiscal + liberalización empresarial inmediata3–24 mesesBanca, crédito, títulos de propiedad, explosión de nuevas empresas y protección transitoria6–36 mesesReestructuración empresarial, privatización de pequeña escala y fragmentación de monopolios12–60 mesesGrandes privatizaciones selectivas, joint ventures, concesiones, mercado de capitales y resolución patrimonial3–10 añosRetirada progresiva de mecanismos extraordinarios y normalización institucional
Fase cero: asegurar antes de repartir
Las primeras semanas serían críticas.
No debería comenzar una subasta.
Debería comenzar una auditoría.
Habría que preservar registros empresariales, catastros, archivos bancarios, contratos, reservas, cuentas estatales, participaciones empresariales y documentación de conglomerados como GAESA.
GAESA constituye precisamente un ejemplo del problema. Su estructura financiera no es públicamente transparente y estimaciones externas sobre su peso económico varían ampliamente; las acusaciones estadounidenses sobre miles de millones en activos también son disputadas por el gobierno cubano. Esto hace todavía más necesario auditar antes de afirmar, vender o confiscar.
La congelación preventiva de una transferencia sospechosa no debería equivaler automáticamente a confiscación.
El objetivo sería impedir que durante el vacío institucional alguien convierta control administrativo de hoy en propiedad privada mañana.
VII. Recuperar el patrimonio nacional robado
Aquí debe existir una distinción jurídica absoluta.
Una cuenta legítimamente propiedad del Estado cubano no es patrimonio privado de un funcionario. Un nuevo Estado tendría que recuperar su administración.
Otra situación completamente diferente sería encontrar dinero público desviado hacia sociedades pantalla, familiares, administradores o beneficiarios privados.
En esos casos debería aplicarse:
investigación → prueba → resolución judicial → decomiso → repatriación.
No confiscación política.
La recuperación internacional de activos robados es perfectamente posible. El capítulo V de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción establece mecanismos para identificar, congelar, decomisar y devolver activos producto de corrupción mediante cooperación entre Estados.
No es teoría. Estados Unidos ha recuperado y devuelto aproximadamente 1.400 millones de dólares relacionados con el caso 1MDB de Malasia; procesos similares recuperaron cientos de millones vinculados a Sani Abacha en Nigeria.
Pero estos procesos pueden tardar años.
Por eso el plan económico no debe presupuestar dinero robado todavía no recuperado.
Todo activo finalmente repatriado debería entrar en un Fondo de Estabilización y Reconstrucción sometido a auditoría pública, no utilizarse como caja política del nuevo gobierno.
VIII. Shock de libertad económica, no shock contra la población
Una de las reformas más rápidas debería ser también una de las más sencillas:
Todo negocio legal estará permitido salvo aquello que la ley prohíba o someta justificadamente a regulación.
Eso invierte la lógica administrativa existente.
Un carpintero, programador, diseñador, mecánico, peluquero, fotógrafo o pequeño comerciante no debería pedir permiso al Estado para demostrar que merece trabajar.
El registro de una microempresa debería poder completarse mediante una sola ventanilla digital o presencial.
Para actividades de bajo riesgo bastaría una declaración.
Las licencias deberían reservarse para actividades donde exista riesgo objetivo: medicina, banca, construcción estructural, transporte colectivo, producción industrial de alimentos, energía y otras equivalentes.
Y cuando una autorización sea necesaria, podría introducirse el silencio administrativo positivo: transcurrido el plazo legal sin respuesta, la autorización se presume concedida salvo ámbitos expresamente excluidos por seguridad.
La regla debe ser:
regulación proporcional al riesgo, no burocracia proporcional al tamaño del Estado.
- Dar al pequeño empresario tiempo para existir
Aquí aparece otra diferencia con el modelo redistributivo.
Un trabajador despedido de una empresa estatal no necesita solamente recibir una prestación.
Necesita que sea extraordinariamente fácil dejar de necesitarla.
Podría establecerse un régimen de transición para nuevas microempresas: durante los primeros seis meses, exención del impuesto sobre beneficios hasta un determinado umbral; posteriormente, durante un período inicial, una tasa simplificada muy baja —por ejemplo alrededor del 5 %— antes de incorporarse gradualmente al régimen ordinario.
El 5 % no debe convertirse en dogma. La base imponible, duración y umbrales tendrían que calcularse después de conocer las necesidades fiscales del nuevo Estado.
El principio es el importante:
No cobrarle a una empresa como si ya estuviera consolidada antes de darle tiempo para sobrevivir.
Para impedir abusos, el beneficio estaría vinculado al beneficiario efectivo, no simplemente al nombre de una sociedad que pudiera cerrarse y reabrirse cada seis meses.
- Colchón para caer, libertad para levantarse
La liberalización tendrá perdedores en el corto plazo.
Muchas empresas estatales mantienen empleos que una economía competitiva probablemente no podría sostener.
Eliminar esas estructuras sin protección podría transformar la libertad económica en hambre, desempleo y rechazo político de las reformas.
Por eso debe existir un colchón temporal:
protección alimentaria esencial, medicamentos, pensiones mínimas, ayuda temporal al desempleado, mantenimiento de servicios básicos y apoyo específico a hogares vulnerables.
Siempre que sea posible deberían sustituirse subsidios generales a precios por ayudas directas a personas.
Parte de una prestación por desempleo podría incluso convertirse voluntariamente en capital inicial para un pequeño negocio, acompañada de capacitación básica.
La protección no sería el destino del sistema.
Sería el puente hacia otro sistema.
Colchón para caer. Libertad para levantarse.
- Banca antes que fantasía financiera
No puede existir una explosión empresarial sin crédito.
Cuba necesitaría legislación bancaria moderna, bancos privados nacionales, entrada regulada de instituciones extranjeras, microfinanzas, un sistema de pagos funcional, protección limitada de depósitos, normas de capital y liquidez y un régimen concursal que permita tanto ejecutar garantías como dar una segunda oportunidad al empresario honesto.
Un registro moderno de garantías mobiliarias permitiría que maquinaria, inventarios, cuentas por cobrar y otros activos puedan servir como colateral. El Banco Mundial lleva años señalando que estos sistemas amplían el acceso al crédito, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Esto puede resultar mucho más importante para generar una nación de propietarios que entregar a cada ciudadano un instrumento financiero extraordinario.
XII. No vender todas las empresas de la misma manera
Una cafetería estatal y un puerto no son el mismo activo.
Una pequeña tienda, una mina, una red eléctrica, un hotel, una finca, un banco y una empresa de telecomunicaciones necesitan tratamientos distintos.
Las pequeñas actividades comerciales podrían privatizarse rápidamente, preferentemente mediante mecanismos simples y competitivos.
Las grandes empresas deberían convertirse primero en entidades con balances auditables, administración profesional y obligaciones financieras visibles.
Los monopolios artificiales tendrían que dividirse antes de privatizarse cuando resulte técnicamente posible.
La Constitución de 1940 ya contenía una preocupación explícita por evitar monopolios privados.
Pasar de:
monopolio estatal
a
monopolio privado
no constituye una verdadera transición hacia el mercado.
Solo cambia el nombre del monopolista.
XIII. Joint ventures: proteger sin cerrar Cuba
La falta de capital doméstico crea uno de los mayores riesgos de la transición.
Si el cubano dentro de la Isla comienza prácticamente sin ahorro mientras grandes inversionistas llegan con millones de dólares, una privatización inmediata puede producir una transferencia masiva de activos sin que exista ninguna conspiración.
Las joint ventures pueden funcionar como mecanismo intermedio.
En determinados grandes activos existentes, infraestructura crítica o proyectos donde Cuba necesite capital, tecnología y acceso a mercados, una asociación entre capital exterior y participación cubana puede permitir modernizar sin transferir automáticamente el 100 % del activo.
Pero tampoco deberían convertirse en una obligación general.
Obligar a cada inversionista extranjero a buscar un socio local generaría intermediarios, corrupción y rentas políticas.
La distinción debería ser:
Capital extranjero que crea capacidad productiva nueva: máxima apertura.
Capital extranjero que adquiere grandes activos existentes o estratégicos: mayor protección, transparencia y posibilidad de joint venture, concesión o participación parcial.
Una compañía extranjera que construye una fábrica nueva aumenta el patrimonio existente.
Una compañía que compra barato un puerto construido durante generaciones fundamentalmente cambia quién lo posee.
Ambas operaciones pueden ser beneficiosas, pero no son económicamente idénticas.
XIV. Diáspora: capital para multiplicar propietarios, no para sustituirlos
La diáspora cubana constituye una enorme ventaja.
Dispone de capital, conocimientos, experiencia empresarial, tecnología y acceso a mercados que Cuba necesitaría desesperadamente.
El objetivo no debería ser impedir que ese capital entre.
Debería ser lograr que multiplique las capacidades del cubano dentro de Cuba.
Crédito, asociaciones, fondos empresariales, franquicias, inversión semilla, capacitación, hipotecas y creación de empresas nuevas son preferibles a una transición cuyo principal negocio consista en adquirir a bajo precio patrimonio ya existente.
La respuesta a la desigualdad inicial no es impedir que alguien tenga $500.000.
Es aumentar las posibilidades de que quien tiene $500 pueda convertirse también en propietario.
- Restitución sin provocar otra expropiación
La propiedad confiscada después de 1959 constituye uno de los problemas jurídicos más complejos de cualquier transición cubana.
Solo Estados Unidos mantiene 5.913 reclamaciones certificadas contra Cuba por un principal aproximado de 1.902 millones de dólares, todavía sin resolver. A eso habría que añadir las reclamaciones de cubanos que no pertenecían a las categorías contempladas por aquel procedimiento estadounidense.
No puede aplicarse una solución uniforme.
Una vivienda ocupada durante cincuenta años por una familia no debería tratarse igual que una fábrica, un terreno vacío, un hotel o una cuenta bancaria confiscada.
La experiencia de antiguas economías socialistas muestra precisamente la utilización de combinaciones de restitución física y compensación.
La solución cubana debería poder utilizar restitución cuando sea factible, compensación cuando no lo sea, créditos fiscales, participaciones empresariales u otros mecanismos.
Pero introduciría aquí una diferencia con la propuesta de Bonos Patrimoniales:
el Tribunal de Cuentas no debería ser simultáneamente auditor del Estado y tribunal principal de derechos de propiedad privada.
El Tribunal de Cuentas debe auditar.
Los conflictos sobre propiedad deberían corresponder a una jurisdicción judicial patrimonial independiente, con derecho de apelación.
Separar fiscalización y adjudicación protege mejor a ambas instituciones.
XVI. Privatizar sin convertir la transición en una liquidación
No establecería una obligación de vender todo dentro de diez años.
Tampoco permitiría que el Estado conserve indefinidamente cualquier empresa alegando que es “estratégica”.
La categoría estratégica debería ser estrecha y definida por ley.
Algunos activos podrán venderse por completo.
Otros mediante ofertas públicas.
Otros mediante participaciones parciales.
Otros mediante joint ventures.
Otros mediante concesiones de explotación conservando la propiedad del activo.
Y algunos servicios esenciales podrán permanecer públicos bajo administración profesional.
El criterio debe ser:
competencia, eficiencia, seguridad nacional, interés público y creación de valor, no una preferencia ideológica automática por propiedad estatal o privada.
XVII. El patrimonio ciudadano debe surgir también desde abajo
Rechazar tokens o bonos universales no significa aceptar que el cubano empiece la transición sin patrimonio.
Hay mecanismos mucho más directos.
La titulación definitiva de viviendas legítimamente ocupadas puede crear millones de propietarios reales.
La formalización de negocios existentes crea patrimonio empresarial.
Los derechos seguros sobre tierras agrícolas pueden convertir posesión precaria en capital productivo.
Programas de acciones para trabajadores pueden permitir participación en determinadas privatizaciones.
Hipotecas, cuentas de inversión y sistemas de ahorro permiten acumulación patrimonial progresiva.
Ese tipo de propiedad tiene una característica que un instrumento transitorio no posee:
permanece después de que termine la transición.
XVIII. Una nación de propietarios
Aquí aparece quizá el desacuerdo filosófico fundamental.
Una República de propietarios no debería definirse por cuántos ciudadanos reciben un título financiero el primer día.
Debería medirse por cuántos pueden ser propietarios veinte años después.
Propietarios de su vivienda.
De su negocio.
De acciones.
De tierras.
De ahorro.
De inversiones.
De aquello que construyeron.
Por eso:
Una nación de propietarios no se crea entregándole a cada ciudadano un activo para que lo venda. Se crea permitiéndole adquirir, producir y conservar patrimonio durante toda su vida.
XIX. Los riesgos de esta propia propuesta
Este modelo tampoco está libre de problemas.
Su mayor vulnerabilidad probablemente sea institucional. Presupone un gobierno transitorio capaz de estabilizar la moneda, proteger vulnerables, recuperar activos, auditar empresas, reconstruir tribunales, regular bancos y privatizar transparentemente al mismo tiempo.
Probablemente ese Estado no existiría todavía.
Por eso hay que reducir al mínimo la discrecionalidad política.
Subastas públicas.
Beneficiarios finales identificados.
Contratos publicados.
Auditorías independientes.
Plazos automáticos.
Tribunales capaces de revisar las decisiones.
Declaraciones patrimoniales de funcionarios.
Competencia abierta.
Y observación internacional donde resulte conveniente.
También existe un riesgo fiscal. El colchón social cuesta dinero precisamente cuando el nuevo gobierno dispondría de pocos recursos.
Existe riesgo de que las joint ventures se conviertan en capitalismo de amigos.
Existe riesgo de privatizar demasiado despacio y permitir que administradores saqueen empresas.
Existe riesgo de privatizar demasiado rápido y venderlas por debajo de su valor.
Existe riesgo de que la restitución paralice inversiones durante años.
Y existe riesgo de que la recuperación internacional de activos produzca mucho menos dinero del esperado.
Un plan serio debe reconocer estos riesgos antes de aplicarse.
- La diferencia de fondo
La tokenización intenta democratizar una liquidación.
Los Bonos Patrimoniales intentan democratizar el patrimonio inicial.
Esta propuesta busca fundamentalmente democratizar la oportunidad de crear patrimonio futuro.
No significa abandonar al mercado todo lo que existe.
Significa cambiar el orden de prioridades:
primero seguridad jurídica y protección del patrimonio; simultáneamente estabilización, libertad económica y colchón social; después creación masiva de empresas, crédito y competencia; mientras tanto auditoría y reestructuración; finalmente privatización selectiva desde una posición institucional mucho más fuerte.
El objetivo no sería que todos los cubanos terminen igualmente ricos.
Sería que el nacimiento, la posición política, la pertenencia al antiguo aparato estatal o la disponibilidad inicial de dólares no determinen quién tiene derecho a participar en la nueva economía.
La transición debería impedir dos extremos.
Que el Estado continúe siendo dueño de casi todo.
Y que una pequeña minoría termine siendo dueña de aquello que antes pertenecía al Estado.
Entre ambos existe otra posibilidad:
una economía abierta donde millones de personas puedan convertirse progresivamente en propietarias.
La Constitución republicana proporciona el fundamento jurídico.
Las experiencias postsocialistas proporcionan advertencias.
El capital extranjero proporciona recursos.
La diáspora proporciona una ventaja extraordinaria.
La recuperación de activos puede devolver parte de lo perdido.
Las joint ventures pueden proteger determinados activos durante la apertura.
La protección social puede evitar que los más vulnerables paguen todo el costo de la reforma.
Pero el verdadero motor tendría que ser otro:
el cubano libre para crear.
Porque la pregunta decisiva de una transición no debería ser únicamente:
¿cómo repartimos la Cuba que recibimos?
Debería ser:
¿qué reglas necesitamos para que los cubanos puedan construir una Cuba que todavía no existe?
Fuente:
Deja un comentario