En esta entrevista de Gustavo Vigoa(MovimientoC40) con Tania Costa (Cibercuba), este propone un plan de privatización mediante «bonos patrimoniales del estado» a implementarse durante la TransiciónC40. Esta iniciativa busca **privatizar las empresas estatales** de forma justa, otorgando a cada ciudadano un título de propiedad sobre la riqueza nacional basado en su **rango de edad** y aportación histórica. Vigoa argumenta que este método evitaría la creación de **oligarquías corruptas**, como ocurrió tras la caída de la Unión Soviética, al fiscalizar estrictamente el intercambio de dichos activos. Asimismo, el invitado defiende la **restitución de la Constitución de 1940** como la única herramienta jurídica válida para **deslegitimar al régimen actual** y evitar un vacío legal peligroso. Finalmente, se abordan temas complejos como la **recuperación de la ciudadanía** para los exiliados y la necesidad de una estructura institucional sólida que garantice el **estado de derecho** en una futura democracia.
Resumen
La transición de una economía socialista a una economía de propiedad privada plantea una de las preguntas más difíciles para el futuro de Cuba: ¿cómo transformar un patrimonio que oficialmente pertenece a todos los cubanos en propiedad privada sin que una minoría termine apropiándose de la riqueza nacional?
Esa es precisamente la cuestión que Gustavo Vigoa intenta responder mediante una propuesta de bonos patrimoniales, presentada durante una entrevista en el programa de Cercuba. Vigoa, uno de los fundadores del movimiento constitucionalista C40, explica que su planteamiento nació de una experiencia concreta: observar los procesos de privatización posteriores a la desaparición de la Unión Soviética y tratar de imaginar un mecanismo que permitiera evitar sus consecuencias más negativas.
La idea parte de una premisa sencilla: si durante décadas el sistema socialista ha sostenido que las empresas y los bienes fundamentales del país constituyen una propiedad común, entonces una transición hacia la propiedad privada no debería simplemente entregar esos activos a quienes tengan dinero para comprarlos. Habría que reconocer primero la participación de todos los ciudadanos en ese patrimonio.
El problema: ¿de quién es realmente la propiedad estatal?
Para Vigoa, la expresión «propiedad estatal» debe analizarse desde la propia lógica del sistema socialista. Si el Estado es presentado como administrador de la propiedad común, entonces, en última instancia, esa riqueza habría sido considerada propiedad del conjunto de la sociedad.
El problema aparece cuando llega la transición.
Una fábrica, una empresa, una infraestructura, una instalación turística o cualquier otro activo que hoy se encuentra bajo control estatal puede pasar mañana a manos privadas. Pero surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué recibe el ciudadano que no tiene dinero para comprar una fábrica, un hotel o un restaurante?
La preocupación de Vigoa es que una privatización convencional pueda producir precisamente la sensación de que la población perdió aquello que durante décadas se le dijo que le pertenecía.
Por eso formula el problema de manera casi matemática: identificar el patrimonio común, calcular su valor y convertir ese patrimonio en títulos que correspondan a cada ciudadano.
El bono como título sobre el patrimonio nacional
La propuesta consiste en identificar todos los bienes considerados propiedad común —sin incluir los bienes que ya constituyen propiedad privada— y establecer un valor global del patrimonio.
Ese valor se convertiría entonces en bonos.
Vigoa aclara que los bonos no serían simplemente dinero entregado a la población, sino una especie de título de propiedad sobre una porción del patrimonio nacional. Todos los cubanos tendrían derecho a ellos, independientemente de que residan dentro o fuera de la isla.
Este punto tiene una consecuencia política importante: el exilio no quedaría excluido de la distribución patrimonial.
La propuesta, tal como se explica en la entrevista, considera que un cubano nacido en Cuba conserva ese derecho aunque viva en otro país. La distribución, por tanto, no se limitaría a quienes permanezcan físicamente en la isla.
¿Todos recibirían exactamente lo mismo?
Aquí aparece uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta.
Vigoa plantea utilizar rangos de edad para establecer diferencias en el valor de los bonos. La lógica es que no todos los ciudadanos han tenido la misma relación temporal con el patrimonio acumulado durante décadas.
Un niño recién nacido no ha tenido oportunidad de participar en la creación de esa riqueza; una persona que ha vivido durante décadas dentro del sistema ha tenido una relación mucho más prolongada con ella.
Sin embargo, Vigoa rechaza convertir el cálculo en una especie de contabilidad individual de quién trabajó más, quién aportó menos o quién fue políticamente leal o desleal. Considera que semejante procedimiento sería impracticable y particularmente peligroso durante una transición, que define como un período tenso y delicado.
La solución que propone es, por tanto, una clasificación general por edades y otras circunstancias que deberían ser determinadas posteriormente por especialistas.
Esto también permitiría, según su planteamiento, que determinados sectores vulnerables pudieran recibir bonos de mayor valor y utilizarlos como respaldo económico.
Los bonos no serían necesariamente para venderlos
Uno de los elementos más interesantes de la propuesta es que el bono no estaría pensado exclusivamente como un activo para vender.
Una familia podría reunir sus bonos y utilizarlos como garantía para obtener financiación y crear un negocio. Del mismo modo, un grupo de vecinos podría reunir sus títulos para financiar colectivamente un proyecto económico.
En otras palabras, el bono funcionaría como una puerta de entrada al proceso de formación de capital privado.
Una persona sin grandes ahorros podría disponer, sin embargo, de un activo patrimonial que le permitiera participar en la nueva economía.
Esta característica pretende evitar que la transición comience con una desigualdad extrema entre quienes ya poseen capital líquido y quienes no lo poseen.
La lección de Rusia y Ucrania
La propuesta está marcada por una experiencia histórica que Vigoa considera fundamental: las privatizaciones realizadas después de la desaparición de la Unión Soviética.
En la entrevista recuerda particularmente el caso de Ucrania, donde, según su relato, los bonos estuvieron vinculados a empresas o sectores específicos. El problema, sostiene, fue que determinados trabajadores terminaron recibiendo títulos relacionados con empresas de valores muy diferentes.
Además, Vigoa señala como elemento crítico la falta de fiscalización sobre las transferencias y ventas posteriores. En su explicación, esa combinación habría contribuido a la aparición de mafias, coerción y concentración de la propiedad.
Su conclusión es clara: no basta con distribuir bonos; también hay que controlar qué sucede con ellos después de distribuirlos.
Por eso su propuesta incorpora restricciones temporales y mecanismos de fiscalización judicial. Durante los primeros años podría limitarse la venta directa de los bonos, permitiendo en cambio su utilización dentro de fondos de inversión, cooperativas o proyectos productivos.
La intención es impedir que una población empobrecida, recién salida de décadas de socialismo, sea inmediatamente convertida en vendedora de su patrimonio ante compradores con mayor información y capital.
El Estado como intermediario, no como propietario permanente
Una de las soluciones mencionadas consiste en que, cuando un ciudadano necesite liquidez, el Estado pueda ofrecerle un préstamo utilizando los bonos como garantía, en lugar de obligarlo a venderlos definitivamente.
La diferencia es fundamental.
En el primer caso, el ciudadano conserva su patrimonio y obtiene financiación.
En el segundo, transforma definitivamente su participación patrimonial en dinero.
El objetivo declarado es evitar situaciones de presión económica que obliguen a las personas a desprenderse de sus activos a precios inferiores a su verdadero valor.
La experiencia soviética sirve aquí como advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando existe una gran masa de activos transferibles y, al mismo tiempo, instituciones débiles para controlar las operaciones.
Privatizar no significa entregar todo
Otro elemento importante de la propuesta es que no todo el patrimonio tendría necesariamente que ser privatizado.
El cálculo inicial abarcaría el patrimonio común, pero el Estado podría conservar empresas consideradas estratégicas o de especial importancia. Algunas podrían privatizarse posteriormente y otras podrían permanecer bajo propiedad pública.
Según Vigoa, esa decisión no debería quedar permanentemente en manos de un gobierno de transición. Una vez constituido un Congreso elegido democráticamente, sería este órgano el que tendría la potestad de continuar, modificar o detener el programa.
Esto introduce una distinción fundamental: la propuesta de los bonos es presentada como una herramienta para atravesar la transición, no como un modelo económico definitivo impuesto de antemano.
¿Qué ocurre con las propiedades confiscadas?
La cuestión de las confiscaciones aparece como otro componente del problema patrimonial cubano.
La propuesta contempla un tratamiento específico para propiedades confiscadas y también para bienes que fueron entregados por razones políticas.
Vigoa distingue, por ejemplo, entre un bien obtenido como resultado del trabajo y otro que hubiera sido entregado como recompensa política por el régimen. Según su planteamiento, no deberían recibir necesariamente el mismo tratamiento jurídico.
La propuesta también contempla la creación de un Tribunal de Cuentas y mecanismos judiciales para resolver reclamaciones de antiguos propietarios.
En el caso de una propiedad confiscada que posteriormente salga a subasta, el antiguo propietario podría participar en ella como cualquier otro interesado. Si resultara ganador, tendría además la posibilidad de acudir posteriormente a la vía judicial para reclamar su condición de antiguo propietario. El tribunal determinaría entonces el eventual descuento o compensación correspondiente.
Esto intenta separar dos cuestiones que con frecuencia se mezclan: la restitución o compensación por una confiscación anterior y la nueva transferencia de propiedad que tenga lugar durante la transición.
La deuda y la Constitución de 1940
La entrevista conecta el problema patrimonial con otro de los pilares del proyecto C40: la restitución de la Constitución cubana de 1940.
Vigoa sostiene que el proyecto procura mantenerse dentro de la letra y el espíritu de esa Constitución y menciona específicamente los artículos 253 y 254 en relación con determinados préstamos y deudas.
Más allá de la interpretación jurídica concreta de esas disposiciones —que requeriría un análisis especializado del texto constitucional y de la legislación aplicable—, lo importante para entender la entrevista es que Vigoa no presenta los bonos como una ruptura constitucional.
Por el contrario, los concibe como un instrumento compatible con la restitución constitucional.
¿La Constitución de 1940 contempla los bonos?
Una pregunta del público permite aclarar un aspecto esencial.
La respuesta de Vigoa es que la Constitución de 1940 no contiene una disposición específica que cree los bonos patrimoniales. Su argumento es otro: una medida no tiene necesariamente que estar mencionada expresamente en la Constitución para ser jurídicamente posible; lo fundamental sería que no contradiga sus disposiciones.
En su interpretación, esta diferencia expresa también una concepción distinta entre el sistema socialista y una sociedad basada en la libertad económica: aquello que no está prohibido por la ley puede realizarse, mientras que en un sistema donde predomina la autorización estatal las actividades deben encontrarse expresamente permitidas.
Esta es una de las conexiones conceptuales más importantes de toda la entrevista: la propuesta económica se presenta como parte de una transformación institucional más amplia hacia un orden jurídico basado en la libertad.
La transición no es todavía la democracia
Otro punto central de la conversación aparece cuando Vigoa rechaza la expresión «transición democrática» entendida como si la propia transición pudiera ser democrática.
Su argumento es que una transición es precisamente el proceso mediante el cual una sociedad pasa de un sistema político a otro. La democracia sería el punto de llegada, no necesariamente la característica institucional del período intermedio.
Por eso distingue entre transicionar hacia la democracia y vivir ya bajo un sistema democrático.
Esta distinción tiene consecuencias para el problema de los bonos.
Si todavía no existe un Congreso elegido, nadie puede presentar la propuesta como una ley definitivamente aprobada. El gobierno de transición podría comenzar el trabajo preparatorio —como el censo y la valoración del patrimonio—, pero la decisión política definitiva debería recaer posteriormente en instituciones representativas.
Según Vigoa, ese proceso de identificación y valoración podría tomar entre uno y dos años, coincidiendo con el período en que, de acuerdo con su propuesta, ya debería existir un Congreso elegido democráticamente.
El problema más profundo: cómo construir propietarios
Vista desde esta perspectiva, la propuesta de los bonos patrimoniales no es solamente un mecanismo financiero.
Su objetivo último sería transformar a una población que durante décadas ha vivido bajo un sistema de propiedad estatal en una sociedad de propietarios privados.
El desafío consiste en hacerlo sin repetir dos extremos.
Por un lado, evitar que el Estado conserve indefinidamente la propiedad de la economía bajo una nueva administración.
Por otro, evitar que la privatización se convierta en una transferencia acelerada de la riqueza hacia quienes tengan más capital, más información, mejores conexiones o capacidad para ejercer presión sobre los nuevos propietarios.
La propuesta de Vigoa intenta situarse entre ambos extremos: privatización, pero con una participación patrimonial inicial de todos los ciudadanos; mercado, pero con reglas durante el período de transición; propiedad privada, pero acompañada de instituciones jurídicas capaces de protegerla.
La restitución constitucional como causa política
La conversación termina llevando el debate más allá de la economía.
Vigoa sostiene que la Constitución de 1940 no debe presentarse simplemente como un proyecto político más, sino como una causa, porque, en su interpretación, se trata de una Constitución que dejó de ser un proyecto cuando fue promulgada y se convirtió en ley.
La restitución, por tanto, adquiere para el movimiento C40 una dimensión histórica y política que va más allá de la discusión institucional. En la entrevista se argumenta que una causa necesita ofrecer razones capaces de movilizar a sectores amplios de la sociedad y también a sectores del propio poder.
Desde esta perspectiva, los bonos patrimoniales son solamente una pieza dentro de una transformación mayor: pasar de un sistema de propiedad estatal y poder político concentrado a una República Constitucional sustentada en la propiedad privada, el mercado y las instituciones jurídicas.
Una propuesta que todavía plantea preguntas
La entrevista deja claro que el mecanismo de los bonos patrimoniales todavía requiere un desarrollo técnico considerable.
El propio Vigoa reconoce que no es economista y que la propuesta necesita especialistas capaces de determinar aspectos como la valoración del patrimonio, los criterios exactos de distribución, los períodos de restricción, los mecanismos de fiscalización y las modalidades de utilización de los bonos.
Eso no necesariamente invalida la idea. Pero sí establece correctamente su naturaleza: se trata de una propuesta que debe ser estudiada, discutida y eventualmente transformada en normas jurídicas por las instituciones correspondientes.
La cuestión fundamental que plantea, sin embargo, permanece abierta y resulta difícil de ignorar:
Si durante décadas se afirmó que el patrimonio nacional pertenecía a todos los cubanos, ¿cómo puede privatizarse ese patrimonio sin reconocer primero los derechos patrimoniales de esos mismos cubanos?
Los bonos patrimoniales constituyen una respuesta posible a esa pregunta.
Su verdadero desafío no estará solamente en calcular cuánto vale Cuba, sino en conseguir que la transformación de ese patrimonio en propiedad privada produzca una sociedad de propietarios y no simplemente una nueva clase de dueños.
Información Adicional
Deja un comentario