El texto que presentamos en esta entrada es una transcripción automatizada, hecha a partir de las fotocopias a 5 páginas de un libro escrito por el Dr. José Morell Romero, quien fue uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Cuba, desde el 1950 hasta su renuncia en Noviembre de 1960.
La importancia del testimonio de Morell radica en que fue testigo de primera fila y parte de los acontecimientos y decisiones que dieron al traste con la republica constitucional cubana, comenzando con el golpe de estado de Batista, y luego con las acciones de Castro y su infame revolución.
Es bueno recordar, que Morell, junto a otros cubanos en el exilio, crearon en 1995, lo que se dio en llamar “Gobierno Constitucional Cubano en el Exilio”. Para más información acerca de este particular, visite la siguiente etiqueta editorial: GCCT.
Nota: Esta publicación solo tiene como objeto documentar el testimonio de Morell, antes que el tiempo y el abandono borre para siempre los detalles de hechos cruciales de nuestra historia. Si usted es dueño legal del copyricght de libro mencionado, y se siente afectado por esta publicación, déjenos saber y esta será retirada inmediatamente del sitio.
REVOLUTION IN CUBA
Memories of a Combatant
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MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA
…experiencia. Cuatro fueron nombrados por la Corte Suprema, dos por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y tres por el Presidente de la República. El Presidente elegía un nombre de la lista presentada por la JNC y lo enviaba al Senado para su aprobación. La JNC presentó sus candidatos al Presidente. Mi nombre estaba en la parte superior de la lista. El Presidente me eligió.
Sin embargo, en ese momento, el Presidente consideró que mis servicios eran esenciales para la Administración. Por lo tanto, cuando envió mi nominación como Magistrado de la Corte Suprema al Senado, solicitó al Senado que aplazara mi confirmación por razones de interés público. El Senado accedió a aplazar la discusión de mi nombramiento de acuerdo con la solicitud del Presidente.
Cuando renuncié a mi cargo como Ministro de Trabajo el 29 de octubre de 1950, envié una copia de mi renuncia al Senado. Ese mismo día, discutieron mi nombramiento como Juez. El Senado aprobó el nombramiento y el 30 de octubre de 1950, juré el cargo como Juez de la Corte Suprema.
En el período siguiente a mi nombramiento a la Corte Suprema, la democracia en Cuba sufrió un grave revés cuando el expresidente Fulgencio Batista entró en la sede de Columbia el 10 de marzo de 1952 y desencadenó un golpe militar que derrocó al gobierno legítimo
En su primera declaración a la nación, el nuevo Presidente dijo que el nuevo régimen respetaría el papel constitucional del poder judicial. Varios opositores al golpe escribieron una carta a la Corte Suprema solicitando que se declarara ilegal el golpe y que la Corte autorizara la resistencia. La mayoría de la Corte decidió que no tenía jurisdicción para responder. Esto se debía a que una petición de esta naturaleza presentada por ciudadanos debía estar firmada por al menos veinticinco personas. Disentí de la mayoría, afirmando que la Corte debería haber actuado sobre la carta y dictaminado sobre la solicitud. Al no haber estado mucho tiempo en la Corte y tener poca experiencia con tales asuntos, mi breve opinión disidente se centró en la doctrina judicial general relacionada con los gobiernos de facto. Aunque disendí de la decisión de la mayoría, siempre he deseado haber escrito una denuncia clara e inequívoca del golpe.
Sin embargo, la oportunidad de hacerlo llegó muy pronto. Inmediatamente después del golpe, Batista emitió un edicto llamado Estatuto Constitucional. Este estatuto reemplazaría la Constitución
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de 1940. Se pidió a los magistrados que prestaran juramento sobre el nuevo estatuto. Yo fui el único magistrado que se negó a prestar juramento. A los pocos días,
Ramón Zaydin, representándose a sí mismo y a los veinticinco ciudadanos requeridos, presentó una petición solicitando que la Corte declarara inconstitucional el llamado Estatuto Constitucional promulgado por el gobierno de facto. El argumento principal de la petición era que el gobierno de Batista no tenía poder para abolir la Constitución legítima aprobada por votación del pueblo de Cuba en 1940
La petición provocó gran agitación entre la población y dentro del gobierno de Batista. Representantes de los peticionarios y del gobierno de Batista presentaron argumentos orales ante la Corte. En agosto de 1953, la Corte Suprema emitió su decisión. Según diez de los quince miembros de la Corte, el gobierno de facto tenía poder para abolir la Constitución legítima y promulgar otra. Hubo cinco opiniones disidentes. Cada uno de estos votos tenía fundamentos diferentes
VI era uno de la minoría. Mi disidencia afirmaba que el gobierno de facto carecía de poder para cambiar la Constitución legítima adoptada por el pueblo. Declaré que el Estatuto era inconstitucional. Mi idea era limitar el poder del gobierno de facto, tratar de obligarlo a regirse por la Constitución legítima y obligarlo a restablecer el orden político y constitucional de acuerdo con la soberanía popular. Esta fue la Opinión n.° 127, del 17 de agosto de 1953. Tony Varona, ahora primer ministro depuesto, me escribió una carta aplaudiendo mi disidencia. 22 Recordé la carta que me había escrito desde Camagüey, cuando estábamos a punto de entrar en la lucha contra Machado. ¡Cuánto habíamos avanzado desde esa primera carta, y sin embargo, cuánto había retrocedido Cuba en estas horas!
No sé qué habría pasado si la Corte hubiera declarado inconstitucional el estatuto o hubiera cuestionado de alguna otra manera la legitimidad del gobierno. Si la Corte hubiera estado a la altura de su responsabilidad con el pueblo, un cambio podría haber sido posible. No podemos predecir qué habría hecho Batista. Podría haber sido una de dos cosas: aceptar la resolución de la Corte o disolver la Corte. La primera habría llevado a la nación de regreso a la democracia constitucional, la segunda habría colocado al gobierno en una posición realmente desfavorable ante los cubanos y el resto del mundo libre. Sin embargo, la mayoría de la Corte Suprema no
22 Una traducción de la carta de Tony aparece en el Apéndice III.
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no asumieron su responsabilidad. Le rindieron un servicio superficial al dictador. Cuba perdió una oportunidad de resolver su problema.
La mayoría de la Corte vinculó sus destinos al hombre fuerte. La reacción popular del pueblo contra el dictador aumentó. Esto condujo a arrestos arbitrarios, asesinatos, disturbios, terrorismo y rebelión. La Corte Suprema se vio inundada de peticiones y solicitudes que buscaban reparación contra las acciones del gobierno y sus agentes.
Insistí en que todo decreto del gobierno que disminuyera los derechos individuales era inconstitucional. Voté a favor de los autos de hábeas corpus. Opiné que los tribunales especiales creados para juzgar a civiles eran inconstitucionales. Voté por la prioridad del tribunal civil sobre el tribunal militar. Hice una declaración en contra del supuesto derecho del gobierno a mantener un estado de emergencia permanente en la nación. Pedí que el Presidente fuera juzgado como cómplice en asesinatos ejecutados por agentes bajo su mando
Cuando Batista cayó el 1 de enero de 1959, el nuevo régimen destituyó del tribunal a aquellos miembros que habían apoyado repetidamente al dictador. Yo fui ratificado. Otros cuatro miembros de la Corte Suprema también fueron confirmados.
Poco después de tomar el poder, Castro pronunció un discurso que se haría famoso por su afirmación: «La historia me absolverá». En ese discurso, proclamó que nosotros, los cinco magistrados que votamos consistentemente en la minoría, habíamos salvado el honor del poder judicial durante el régimen de Batista.
Una segunda fase de mi servicio en la Corte Suprema se inició con la llegada del gobierno revolucionario el 1 de enero de 1959 y terminó con mi carta de renuncia el 12 de noviembre de 1960.
2 Castro toma el poder
Siempre ha habido cierto debate sobre el papel que desempeñaron varios factores en el ascenso de Castro al poder, cómo su fuerza creció hasta el punto de convertirse en una seria amenaza para el Ejército de Batista en 1957, y finalmente obligó al dictador a huir el 31 de diciembre
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Este es el texto de mi carta de renuncia:25
La Habana, 12 de noviembre de 1960
Al Presidente de la República.
Por cortesía del Presidente de la
Corte Suprema de Justicia
Señor: El propósito de la presente es comunicarle mi renuncia al cargo de Juez de la Corte Suprema de Justicia que he ocupado desde el año 1950. Mi decisión está motivada por los siguientes hechos:
- No comparto la opinión de la mayoría de los miembros de la Corte de Garantías Constitucionales y Sociales y de la División de Gobierno, tal como se expresa en su actuación judicial o ejecutiva, respecto al alcance de las facultades del gobierno de facto en lo que seguramente les plació llamar sus «poderes constitutivos». Debo reiterar que el poder constitutivo reside únicamente en el pueblo y debe manifestarse mediante un referéndum público, como se hizo en 1940 cuando se adoptó la Constitución legítima de la República. El gobierno de facto, producto de una revolución, debe ser fiel al programa que le sirvió de plataforma, y la revolución que tuvo lugar en Cuba entre 1952 y 1959 tuvo como programa básico la restauración y el fiel cumplimiento de los principios de la Constitución de 1940. En consecuencia, y al menos en lo que respecta a los derechos fundamentales, el gobierno de facto no está facultado para adoptar medidas de carácter constitutivo que entren en conflicto con las adoptadas por el pueblo en la organización y constitución legítimas y que forman la base histórica de la nación cubana
- Además, no comparto la opinión de la mayoría de los miembros de la Corte antes mencionada en la interpretación de la Constitución y otras leyes vigentes. He dejado claras mis opiniones repetidamente a través de innumerables votos personales, pero aunque así han quedado registradas para la historia, me temo que no pueden ayudar a resolver, en este momento crucial, los problemas de la nación cubana. Tampoco, después de que tantas de mis declaraciones verbales en el pleno y votos en procedimientos judiciales hayan tenido resultados negativos, alimentan ninguna esperanza de un cambio en el consenso de ese organismo.
- La independencia del Poder Judicial, que es un factor tan vital en cualquier régimen democrático, se ve cada vez más amenazada, hasta el punto de que constantemente se la «purga» de elementos que supuestamente «no se han adaptado al proceso revolucionario».
25 En 1962, la Comisión Internacional de Juristas, un organismo de las Naciones Unidas, publicó un estudio titulado Cuba y el Estado de Derecho. Mi carta se reprodujo íntegramente en ese libro. La traducción está tomada de ese libro
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Se ha reconocido que los funcionarios y auxiliares del Poder Judicial pueden pertenecer a la milicia y que tienen una misión militar; incluso se ha intentado obligarlos a desempeñar sus funciones judiciales vistiendo el uniforme de la milicia. Esto equivale a un desprecio absoluto por las funciones específicas del poder judicial tal como se presentan en todo momento, ya sea en condiciones de emergencia o no, puesto que la Asamblea Constituyente de 1940 confió la noble misión de administrar justicia al poder judicial como órgano independiente, excluyendo a cualquier otro cuerpo no permanentemente vinculado a él, y es evidente que tales funciones no pueden sino ser incompatibles con un régimen militar interpuesto.
- Se ha permitido a los tribunales revolucionarios juzgar a los jueces y magistrados a quienes la Constitución adoptada por el pueblo soberano otorgó privilegios especiales y un estatuto para la salvaguarda del ejercicio independiente de sus funciones. De este modo, quedan indefensos y todo el sistema judicial se ve amenazado
- Con la supresión de los recursos legales normales y la apelación contra la violación de los derechos constitucionales, salvaguardias vitales de los derechos humanos fundamentales, el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales se ha vuelto incapaz de lograr los altos fines para los que fue designado por el órgano constituyente legítimo.
- Señor Presidente: He considerado cuidadosamente la cuestión de si no podría ser demasiado impaciente al esperar que se restablezca un estado de gobierno legal después del proceso revolucionario; entiendo perfectamente que toda revolución requiere un régimen de transición para alcanzar dicho estado, pero he observado con profundo dolor que cada vez hay menos posibilidades de restablecer el orden legal. En estas circunstancias, he preferido renunciar al cargo que me ha confiado la República.
Atentamente
José Morell Romero
Después de treinta y siete días de asilo en la Embajada de México, el 17 de diciembre de 1960, el gobierno me dio el salvoconducto para salir de Cuba hacia México. Siempre he tenido fuertes ideales sobre el servicio público. Al asumir un cargo público, uno entra al servicio del Estado al servicio del pueblo. Para mí, por encima de la ventaja económica de un buen salario viene el honor que significa ser nombrado para un puesto de confianza. Si la posesión de un cargo público significa honor, he cumplido con mis deberes con honor.
Si uno estudia el poder judicial, como poder, y su función en un régimen democrático, se da cuenta de que no tiene independencia…
Fuente:
– Morell Romero, José: REVOLUTION IN CUBA – Memories of a Combatant (páginas 77-79, 92-93)
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