Palabras en el acto de presentación del libro de Allan R. BrewerCarías,
GOLPE DE ESTADO Y PROCESO CONSTITUYENTE EN VENEZUELA, UNAM, México, 2002
Allan R. BrewerCarías
Un golpe de Estado no sólo se produce cuando un grupo de personas, sin autoridad legítima alguna asume el poder, irrum piendo por la fuerza contra la Constitución. También ocurre cuando su desconocimiento se realiza por parte de órganos constitucionalmente electos, aún cuando haya sido por una abrumadora mayoría la cual, en ningún caso, puede invocarse para desconocer la Constitución.
Por ello, técnica y políticamente hablando puede decirse que en Venezuela, en 1999, ocurrió un golpe de Estado, que fue perpetrado por la Asamblea Nacional Constituyente contra la Constitución de 1961, pero cuyos efectos, tres años después, no han cesado.
Recordemos ahora que entre enero y junio de 1999, la antigua Corte Suprema de Justicia con diversas interpretaciones constitucionales, evitó que el entonces recién electo Presidente de la Re pública, Hugo Chávez Frías, fuera quien diera el golpe de Estado contra la Constitución de 1961, con la convocatoria, a su manera, de la Asamblea Nacional Constituyente.
La verdad es que fue ésta, una vez electa, la que irrumpió contra la Constitución interviniendo todos los poderes constituidos; y fue aquella Corte Suprema de Justicia la que, sometiéndose a los designios de la Asamblea, terminó por consolidar el golpe, pagando como precio su propia existencia.
Pero el golpe de Estado y el proceso constituyente no concluyeron con la aprobación de la Constitución por el referendo del 15 de diciembre de 1999. Al contrario, continuaron, pero esta vez, con la violación sistemática de la nueva Constitución.
Recordemos también que una semana después del referendo aprobatorio constitucional, fue la propia Asamblea Nacional Constituyente la que, a pesar de haber cesado en su tarea, diseñó el plan para la violación sucesiva de la nueva Constitución. Ello lo hizo dictando un régimen transitorio del Poder Público, cesando los titulares de los órganos del Estado y nombrando para ello, a dedo, a quienes quiso la mayoría; régimen que a pesar de su pre tendido rango constitucional, no fue aprobado popularmente.
En esta forma, a partir de 1999, los venezolanos simplemente hemos tenido dos Constituciones: una aprobada por el pueblo, la cual por lo demás ha sido modificada al antojo de quienes la han publicado sucesivamente, al punto de que hoy nadie sabe todavía, a ciencia cierta, cuál es el texto definitivo de la misma; y otra, pro teica y maleable, que no fue aprobada por el pueblo pero que al haber regulado una supuesta transitoriedad constitucional, con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia, ha servido para violar sistemáticamente la Constitución.
En el diseño de este desaguisado constitucional, por supuesto, y además han colaborado conspicuamente con el Presidente de la República, los otros titulares de los órganos del Estado producto de la transitoriedad, con un rol preeminente a cargo de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional Electoral, del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo. Incluso, el Tribunal Supremo de Justicia ha llegado al extremo de decidir como juez en su propia causa, asumiendo el ilegítimo rol de juez y parte, y sin recato, incluso, resolver que la propia Constitución no se les apli caba a los propios Magistrados que estaban decidiendo.
Por tanto, desde que se dictó la Constitución, la misma ha si do abierta y recurrentemente violada. En definitiva, ha sido se cuestrada y burlada por los mismos actores que se entronizaron en la Asamblea Nacional Constituyente, y luego, en los diversos órganos del Estado. Este ha sido asaltado por funcionarios que han resultado lo más parecido a aquéllos “concejales hambrientos” de los cuales nos hablan los viejos textos castellanos, de Casti lla, que llegaban a los cargos concejiles para robar impunemente, saciarse personalmente y así, asegurarse un patrimonio mal habido para cuando fueran desalojados del poder.
Para refrescar cómo la Constitución de 1999, ha sido violada progresivamente, ante los ojos atónitos de los venezolanos, basta recordar los siguientes hechos.
A comienzos de 2000 actuó en el país una Comisión Legislativa Nacional, el célebre “Congresillo”, que no tenía existencia constitucional pero que se dedicó a legislar, usurpando la función legislativa. Lo mismo hicieron en los Estados, sendas Comisiones Legislativas estadales.
El régimen electoral que se estableció especialmente para las elecciones de la llamada “relegitimación” de los poderes públicos, en la fracasada megaelección de 2000, fue burdamente distinto al que regulaba la propia Constitución.
La libertad sindical, constitucionalmente garantizada, fue menoscabada al intervenirse las elecciones sindicales, lo que terminó con el penoso fracaso del referendo sindical, que ha sido la votación a la cual han concurrido menos venezolanos en toda la histo ria del país, con un 76% de abstención.
La democracia participativa, por otra parte, ha sido pura retó rica oficial, de manera que por ejemplo, el derecho a la participa ción política de la sociedad civil en la designación de los titulares de los órganos del Poder Público, fue secuestrado con la inconstitucional Ley de la Asamblea Nacional que se abstuvo de regular los Comités de Postulaciones que exigía la Constitución, y que debían estar integrados exclusivamente por representantes de la so ciedad civil. La designación que se hizo fue, por supuesto, a final de cuentas, a dedo.
La obligación constitucional de consulta popular de los proyectos de ley antes de su sanción como garantía de participación ciudadana, también ha sido burlada, particularmente por el Presi dente de la República al haber dictado las 48 leyes habilitadas de 2001, sin la consulta obligatoria, lo que las ha viciado a todas de inconstitucionalidad.
La Asamblea Nacional, además, ha usurpado la autonomía de los Estados al regular materias que sólo estos pueden normar, como la relativa al nombramiento de los contralores estadales.
El Presidente de la República, por su parte, ha violado descaradamente la Constitución, entre otras cosas, al estar al servicio de una parcialidad política. Recuérdese que el Presidente, quien es a la vez Jefe de Estado, Jefe del Ejecutivo Nacional y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, es Presidente del partido de gobierno, algunos de cuyos órganos incluso funcionan en el Palacio presidencial. Nunca antes en la historia de Venezuela, habíamos te nido un Presidente de la República que actuara cotidianamente como presidente de un partido político, al punto de que ha sido en este último rol que lo hemos visto actuar constantemente todos los venezolanos. Sin duda, ello es lo que han resentido, precisa mente, los militares que se han pronunciado en estos últimos días; no sólo los que han pedido la baja o han sido sometidos a Consejo de Investigación por sus pronunciamientos públicos, sino todo el Alto Mando Militar que hace escasos días, en realidad, antes que respaldar al gobierno como lo quiso ver el Presidente, lo que hizo fue reclamarle públicamente a él mismo la necesidad de unión y armonía y, por tanto, el rechazo a su empeño de dividir al país y a la partidización de la Fuerza Armada. Ésta, constitucionalmente, no puede estar al servicio de parcialidad política alguna, como el Presidente de la República y algunos generales han querido al proclamar que supuestamente está al servicio de un pretendido “proceso”, que nadie sabe qué es o de una inexistente “revolución”.
En fin, las sucesivas violaciones constitucionales cometidas por el Poder han conducido a este repetido golpe de Estado que hemos padecido los venezolanos, resultando de ello la instalación de un régimen que no responde a los principios, valores y garantías democráticas establecidos en la Constitución.
La democracia representativa, en todo caso, se ha deformado por el control del poder en manos de un solo partido, cuyo jefe es el Presidente de la República quien, además, a la vez, es jefe de su fracción parlamentaria, la cual se mueve conforme a sus designios. Por ello recordemos cómo en enero de este año, cuando el partido de gobierno sintió que podía perder la mayoría en la Asamblea, sus voceros, sin ningún rubor, advirtieron que si ello ocurría eso era el fin de la vía democrática de “el proceso”. Quedó así disipada la ilusión de algunos diputados del propio partido de gobierno, de querer votar conforme a su conciencia y no conforme a los dictados del Presidente de la República.
Una democracia representativa que sólo se conciba para re presentar un solo partido, es una caricatura de democracia; y mas aún cuando se ha puesto al Estado y a sus funcionarios al servicio de dicho partido, contra la propia Constitución, produciéndose un escandaloso y continuado delito de peculado de uso, que el Contralor General de la República se niega a ver.
La concentración del poder y la ausencia de control y contra pesos entre los poderes públicos, además, ha sido una puerta abierta para la violación de los derechos humanos, al punto de que nunca antes como ahora, los organismos internacionales de protección de los mismos han recibido tantas denuncias de violación. No olvidemos las violaciones respecto de la libertad sindical; de la libertad de expresión del pensamiento; de la seguridad personal con los grupos de exterminio; de la privacidad de las comunicaciones; y del derecho de manifestación pública bloqueado por bandas fascistas aupadas por el gobierno. Pero es que también la institución de la cosa juzgada, pieza esencial del debido proceso, ha sido quebrantada por una Sala Constitucional que revisa juicios ya concluidos de acuerdo con los criterios particulares de algunos Magistrados, que por lo visto se olvidaron que habían dejado de ser abogados litigantes y que no pueden poner la justicia al servicio de sus antiguos clientes.
La separación de los poderes y su autonomía, piedra angular de todo régimen democrático, materialmente ha desaparecido. Todos los Poderes del Estado dependen del Ejecutivo y actúan a su antojo, y el Estado se ha centralizado aún más. Por ello, tenemos un Presidente que ha llegado al colmo de decir públicamente: “El Estado soy yo. La Ley soy yo”, lo que no se le había oído a ningún Jefe de Estado en el mundo moderno desde los tiempos de Luis XIV, hace casi 400 años.
El pluralismo político, por otra parte, casi ha desaparecido por la ingerencia e inconveniente presencia del Estado en la sociedad civil, lo que ha llevado al propio Presidente de la República a tratar de controlar tanto a la Confederación de Trabajadores de Venezuela como a Fedecámaras; a provocar la división de partidos políticos; y a atacar a la Iglesia Católica e, incluso, tratar de dividirla.
Todo ello, incluso, ha comenzado a dar origen a justas manifestaciones de desobediencia civil como la que ocurrió en la elec ción de la directiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y de los Jueces de Paz en Chacao. La sociedad civil ha comenzado a rebelarse contra el esquema intervencionista que regula la Constitución, y ello será cada vez más acentuado. La sociedad civil se niega a estar reglamentada y las asociaciones de profesionales como las de profesores universitarios, deberían incluso desconocer el llamado que acaba de hacerles el Consejo Nacional Electoral para organizar sus elecciones internas.
La Contraloría General de la República, como antes dije, pare ce que no existiera, y ni siquiera se ha enterado de las confesiones públicas hechas por funcionarios y generales sobre la comisión del delito de peculado de uso y malversación, que dejarían como juegos infantiles los hechos de corrupción contra los cuales se reaccionó en 1998.
En este estado del llamado “proceso”, lo que sí está claro es que la democracia venezolana está al margen de la Carta Demo crática Interamericana, y que nada de lo que en el país se quería cambiar en 1998, se ha logrado. Más bien, se han agravado los ma les que hacían inevitable los cambios entonces queridos, pues tenemos más centralismo y más y peor partidismo, a lo que se agre ga, más presidencialismo, más estatismo, más paternalismo y más militarismo. La Constitución de 1999, lamentablemente, al consagrar este esquema, abrió la vía al autoritarismo y nada positivo aportó al constitucionalismo venezolano.
En esta situación, en todo caso, en el futuro próximo, los ve nezolanos colectivamente vamos a terminar teniendo sólo dos ví as alternativas para enfrentar el autoritarismo: por una parte, la desobediencia civil que regula el artículo 350 de la Constitución de 1999, es decir, el ejercicio del deber poder de desconocer todo régimen o autoridad, como el actual, que contraríe los valores, principios y garantías democráticas, o que vulnere los derechos humanos; o por la otra, conforme al artículo 250 de la Constitución de 1961, el desconocimiento puro y simple, del texto constitucional de 1999, por haber sido producto de un golpe de Estado, por lo que aquélla Constitución de 1961 no habría nunca perdido vigencia por haber sido derogada por un procedimiento distinto al que ella regulaba.
Ese es uno de los tantos dilemas que los venezolanos tenemos planteado en el momento constitucional actual, producto de la cri sis política que seguimos teniendo, y que exige de todos que reflexionemos sobre las salidas para asegurar la gobernabilidad democrática futura.
Caracas, febrero 2002
Fuente:
Nota: El material presentado en este post, sin menoscabo alguno de cualquier tipo de derecho, es la propiedad intelectual de los autores citados, así como de la UNAM. Por tanto el MovimientoC40 no reclama ningún derecho sobre los materiales aquí presentados.
Golpe de Estado y Proceso Constituyente en Venezuela (Descarga)
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Información Adicional
[1] ¿Qué es un Golpe de Estado? | Hay Derecho
[2] Chávez vs Oscar Yanes en la Silla Caliente 17-06-1998 (Constituyente 1999)
[3] Jean Bodin – Los seis libros de la república: La Soberanía
[4] José Barragán Barragán – CONCEPTOS MÍNIMOS SOBRE LA SOBERANÍA
[5] La Constitución para Todos – Soberanía, pueblo, territorio y estado federal
[6] Twitter – @HumbertoMondej2
Soberano es quien decide.
La Republica lo que hizo fue repartir la Soberanía del Rey; a una persona o al 50%+1 si es por simple mayoría.
Entonce; en una Republica el pueblo no es el soberano, sino quien dice la Constitución que le toca decir, escribir o votar la ÚLTIMA decisión. pic.twitter.com/j8ly59Da1r— 🚨Humberto Mondejar Gonzalez (@HumbertoMondej2) November 10, 2023
Versión desenrollada
[7] Twitter – @HumbertoMondej2
Cuál es el problema en el Caso Venezolano?
Que tienen dos Constituciones; una Soberana vigente de Jure (de Derecho) y otra vigente de Facto (por la fuerza).
Violada igual que en Cuba:
En una República la Soberanía no reside en el pueblo, sino en el contrato Constitucional 👇 pic.twitter.com/byd1HhvoMC— 🚨Humberto Mondejar Gonzalez (@HumbertoMondej2) October 16, 2023
[8] #PARLAMENTOC40 (Sesión 12/27/2023) – Soberano es quien decide.
