CUBA
República de Cuba
Jefe del Estado y del gobierno: Miguel Mario Díaz-Canel
Tras las históricas protestas de julio, las autoridades cubanas encarcelaron a muchos centenares de personas que habían participado en ellas, de las cuales casi 700 permanecían en prisión al concluir el año. Las autoridades intensificaron su maquinaria de control de la libertad de expresión y de reunión con medidas de vigilancia física de activistas de los derechos humanos, artistas y periodistas — a quienes además sometieron a arresto domiciliario, detención arbitraria, violaciones del debido proceso y, en algunos casos, malos tratos—, al tiempo que interrumpían el servicio de Internet. La situación económica continuó deteriorándose y las autoridades estadounidenses siguieron sin levantar el embargo económico.
REPRESIÓN DE LA DISIDENCIA
Miles de personas tomaron las calles el 11 de julio para protestar pacíficamente contra la situación económica, la escasez de medicamentos, la respuesta del gobierno a la COVID-19 y las duras restricciones a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, en una de las mayores manifestaciones en décadas.1
En respuesta a las protestas, las autoridades cubanas detuvieron a muchos cientos de manifestantes, de los cuales casi 700 continuaban en prisión al concluir el año, según la ONG Cubalex. Las autoridades también sometieron a activistas y periodistas a arresto domiciliario y detención arbitraria, violaron el derecho al debido proceso y, en algunos casos, infligieron malos tratos a los detenidos, al tiempo que interrumpían el servicio de Internet.2
La mayoría de las personas detenidas estaban acusadas de delitos históricamente utilizados para acallar la disidencia y a menudo incompatibles con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, como, por ejemplo: “desórdenes públicos”, “resistencia”, “desacato”, “instigación a delinquir”, y “daños”.
Tras las protestas, muchas de las personas excarceladas quedaron formalmente bajo arresto domiciliario en espera de juicio. Las autoridades cubanas también sometieron a activistas y periodistas a vigilancia física apostando permanentemente a agentes de seguridad frente a sus domicilios y amenazándolos con detenerlos si salían, lo que constituía detención arbitraria.
Las personas detenidas que luego fueron liberadas y familiares de quienes continuaban en detención informaron ampliamente de una diversidad de violaciones del debido proceso y de detenciones en régimen de incomunicación. Aunque la Fiscalía General de la República negó que se hubiera privado de asistencia legal a las personas detenidas o se les hubiera aplicado el régimen de incomunicación, los testimonios señalaban lo contrario.
Las detenciones masivas también dieron lugar a informes generalizados de malos tratos, infligidos también a mujeres. Las autoridades sometieron a mujeres periodistas y activistas a arresto domiciliario, vigilancia y hostigamiento. Negaron que se hubieran cometido violaciones de derechos humanos como consecuencia de la represión y, utilizando su monopolio de los medios de comunicación, emitieron una selección de imágenes de los incidentes de violencia ocurridos durante las protestas para hacer ver que éstas habían sido violentas en general. El presidente del Tribunal Supremo insistió en que el sistema de justicia y los jueces actuaban con independencia y señaló que los medios de comunicación estaban publicando información falsa distribuida por “enemigos de la institucionalidad y de la revolución cubana”. Por otra parte, durante el periodo de protestas, las autoridades interrumpieron el servicio de Internet y bloquearon frecuentemente las aplicaciones de mensajería instantánea tales como WhatsApp, Telegram y Signal.
En noviembre, el gobierno rechazó las solicitudes de la sociedad civil para organizar la llamada “Marcha cívica por el cambio”, demostrando así de nuevo su actitud de intolerancia ante las protestas.3
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Durante el año, el gobierno encarceló a numerosas personas del mundo del arte, el periodismo y el activismo político.
En abril, las autoridades detuvieron en La Habana Vieja a los presos de conciencia Esteban Rodríguez —periodista independiente que trabajaba para ADN Cuba— y Thais Mailén Franco Benítez —activista de los derechos humanos— , junto a otras 12 personas, por manifestarse pacíficamente en apoyo del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien en ese momento estaba en huelga de hambre como protesta por la permanente vigilancia policial frente a su casa.4 Thais Mailén Franco Benítez salió posteriormente de prisión para cumplir su condena bajo arresto domiciliario, pero Esteban Rodríguez seguía encarcelado al concluir el año.
En mayo, las autoridades detuvieron también al preso de conciencia Maykel Castillo Pérez, uno de los autores de la canción crítica con el gobierno cubano “Patria y vida”, que se había adoptado como himno de las protestas, y por la que él y otros artistas ganaron el premio a canción del año en la edición de los Grammys Latinos celebrada en noviembre.5 El músico fue acusado de “atentado”, “resistencia”, “evasión de presos o detenidos” y “desórdenes públicos”. En junio, las autoridades encarcelaron a Hamlet Lavastida, artista gráfico y expreso de conciencia, supuestamente por proponer en una conversación de mensajería privada una representación artística que nunca llegó a materializarse. Posteriormente, el artista fue liberado con la condición de que se marchara de Cuba.
El 11 de julio, el día que se produjeron protestas en todo el país, las autoridades detuvieron al preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara —miembro del Movimiento San Isidro, que se había garantizar esos derechos hasta el máximo de sus recursos disponibles. movilizado inicialmente contra una ley que censuraría a los artistas—, justo después de que anunciara en las redes sociales que pretendía sumarse a las protestas. Posteriormente el artista contrajo COVID-19 en prisión y se declaró en huelga de hambre como protesta por su prolongado encarcelamiento. Al terminar el año continuaba en prisión.
Agentes de seguridad del Estado detuvieron a José Daniel Ferrer García, activista y líder del grupo de oposición política no oficial Unión Patriótica de Cuba, cuando intentaba asistir con su hijo a las manifestaciones en Santiago de Cuba. Las autoridades ocultaron después su paradero, lo que podría constituir desaparición forzada. A pesar de la permanente política de represión de las autoridades, los artistas y activistas siguieron colaborando e innovando en solidaridad a lo largo del año. El artista Erik Ravelo lanzó “La llama eterna”, un memorial conceptual digital en apoyo a la libertad de expresión en Cuba. 6
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
La situación económica continuó deteriorándose y, según información publicada por los medios de comunicación, hubo escasez de alimentos, medicamentos básicos y otros artículos esenciales. En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por “la persistente y aguda escasez de alimentos en Cuba”, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Hubo cortes de electricidad durante todo el año.
En varios momentos se tuvo noticia de que los hospitales estaban desbordados por los casos de COVID-19, pero a mediados de año las autoridades ampliaron su programa de vacunación.
El gobierno seguía culpando de la situación de escasez exclusivamente al embargo económico que, si bien violaba los derechos económicos, sociales y culturales en Cuba, no anulaba la obligación del país de garantizar esos derechos hasta el máximo de sus recursos disponibles.
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Fuente:
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/WEBPOL1048702022SPANISH-1.pdf
