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LA REPÚBLICA AMBIGUA. SOBERANÍA, CAUDILLISMO Y CIUDADANÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA I REPÚBLICA CUBANA

Jorge Núñez Vega – Licenciado en Historia

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(…) los contextos normativos, las representaciones que los expresan así como las formas culturales que los hacen circular, son por definición contradictorios e inconsistentes y, por tanto, no permiten prever los comportamientos de los agentes (…)
–Zacarías Moutokias

“Negocios y redes sociales: modelo interpretativo a partir de un caso rioplatense (siglo XVIII)”.

 

1. I. PROBLEMAS Y PARTICULARIDADES DE LA INSTALACIÓN ESTATAL

Bajo la cúpula del Capitolio Nacional se levanta la estatua de Minerva que representa la I República cubana. Es su alegoría más exacta porque, como la diosa grecolatina, el Estado nacional cubano parecía despertar adulto. En alguna medida eso es cierto, si se toma en cuenta que sus aciertos y deficiencias se mostraron desde los primeros años de su trayectoria por el siglo. Sin embargo, inicialmente estas últimas desaparecían bajo el entusiasmo despertado por la ruptura del nexo colonial con España y el fin de la intervención militar estadounidense que la Isla celebraría el 20 de mayo. Si bien es poco probable que existiese una vocación sólida generalizada, al menos podría decirse que existía una energía republicana y una voluntad en ciertos sectores de las elites intelectuales y políticas de procurar para la nación el estatuto de “civilizada”, ya que al fin contaba con un Estado técnicamente soberano.

El nuevo Estado pretendía no incurrir en los “errores” cometidos por los demás países latinoamericanos al concluir el ciclo independentista continental en 1825. Luego de varios casos de dictaduras militares y civiles, y cubierta por el velo de la leyenda negra que partía del fracaso de la representación política, América Latina era para Cuba la referencia de lo que no

se debía hacer en política1.

 

I.1 La Constitución de 1901: ¿un puente hacia la modernización política?

Cuba parecía disponer de algunos elementos formales favorables a su empeño. Disponía de una Constitución (aprobada por una Asamblea de Delegados del Pueblo en 1901 bajo el Gobierno Militar estadounidense) que se declaraba heredera de las democracias trashumantes que intentaron construir una tradición civilista en el ámbito militar de las revueltas

por   la   independencia2.   Los   constituyentes   cubanos   decidieron   apartarse   del   modelo

republicano francés de inspiración jacobina, “que idealizaba la democracia clásica, la utopía de la democracia directa, del gobierno por intermedio de la participación directa de todos los ciudadanos” (Murilo de Carvalho, 1997: 16). La heterogeneidad social de Cuba (existencia de pluralidad étnica, agudas diferencias de clase, extranjeros) hacía impracticable el ideal clásico de la reducida polis, donde una población homogénea en términos de educación, raza, religión, etcétera, en teoría impedía el desarrollo de intereses antagónicos y conflictivos (Dahl, R.,

1992). Las condiciones cubanas obligaron a poner en práctica un modelo liberal de inspiración

norteamericana, en el que “la utopía era otra, la de la sociedad compuesta por individuos autónomos, cuyos intereses eran compatibilizados por la mano invisible del mercado”. Versión que no excluía tópicos patrióticos y positivistas (la postulación de una edad de oro futura) en la que el gobierno “debía interferir lo menos posible en la vida de los ciudadanos” (Murilo de Carvalho, idem ant.). La asociación del republicanismo liberal y el nacionalismo no sólo debe

 

interpretarse como una pretensión de legitimidad porque, en tanto documento normativo que sería, Carta Magna también se revelaba como el marco en el que deberían inscribir todas las prácticas políticas y jurídicas del nuevo orden.

Así pues, en su aspecto dogmático, el referente directo de la Ley Fundamental cubana fue el norteamericano. “El pueblo” se constituía en un Estado independiente y soberano que adoptaba  la  forma  republicana  de  gobierno  (Título  I,  Artículo  1º).  La  gestión  de  los constituyentes era guiada por la idea de marcar un antes (las arbitrariedades del pasado colonial) y un después (el imperio de la ley): de señalar al menos formalmente la discontinuidad histórica en cuestión. Al ser republicano y liberal, el imaginario de la gente que construyó el nuevo orden estaba regido por la libertad como no dominación, es decir: la ley debía poner a salvo al ciudadano de interferencias arbitrarias de los poderes que se constituirían (Pettit,

1999). Esto no era un resultado solamente de la formación de los “delegados del pueblo” (casi todos conocían de cerca el sistema estadounidense); en el imaginario que prevaleció en la Constituyente, las nociones de burocracia y autoritarismo asociados a la experiencia colonial constituían una advertencia ineludible de peligro.

Por tanto, todos los ciudadanos serían iguales ante la ley y quedaba abolido cualquier fuero o privilegio personal preexistente (Tít. IV, Art. 11). En la categoría de ciudadano entraban los cubanos por nacimiento o naturalización, lo cual englobaba a los ex esclavos y a los extranjeros, concretamente aquellos que pertenecieron al Ejército Libertador, que se hubieren establecido en la Isla antes del 1º de enero de 1898, a los residentes durante cinco años en el territorio nacional, y en específico a los españoles residentes desde el 11 de abril de 1899 (Tít. II, Art. 6º). Las obligaciones de esta ciudadanía estaban relacionadas con las contribuciones al Fisco y con la defensa del país (Tít. II, Art. 9º).

A fin de limitar la arbitrariedad, la Constitución asumió la protección de una serie de derechos individuales (Tít. IV), entre los que destacaban la forma en que se aplicaría la justicia, la inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio, la libertad de emisión de pensamiento, la no imposición de la pena de muerte por delitos de carácter político, la libertad de cultos, la separación  Iglesia-Estado,  el  derecho  universal  de  dirigir  peticiones  a  las  autoridades,  el derecho a reunión, la libertad de movimientos por el territorio nacional, así como la entrada y salida de este sin carta de seguridad o pasaporte; la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, la protección de la propiedad (se prohibía la confiscación de bienes como sanción); se regularizaba la imposición legal de los impuestos, la propiedad sobre los derechos de autor. Todos estos derechos garantizados por la Constitución emanaban, se apuntaba, del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, cosa que aclara cuál era el significado de la palabra “república” a principios del siglo XX en Cuba. Ninguna ley posterior podía disminuir estos derechos (Art. 37).

En cuanto al sufragio, sólo podrían ejercer el derecho al voto los cubanos varones mayores de 21 años, con excepción de los asilados, los incapacitados mentalmente, los inhabilitados judicialmente por causa de delito y los individuos pertenecientes a las Fuerzas Armadas (Art. 38). Las garantías constitucionales no podían ser suspendidas sino por tiempo limitado y sólo en caso de invasión o grave perturbación del orden público. Por su parte, los poderes públicos quedaban divididos con arreglo a la tripartición diseñada por Montesquieu: poderes Legislativo (dos cuerpos: Senado y Congreso), Ejecutivo (Presidente, Vicepresidente y Secretarios) y Judicial (Tribunal Supremo de Justicia y otros). Como en otras constituciones, estos poderes debían servirse de contrapeso unos a otros. Todo esto -se suponía- actuaría a

 

favor del establecimiento del buscado imperio de la ley, en vez de un imperio de los hombres (despotismo). Como en la república ideal, los poderes se frenarían los unos a los otros -idea de los checks and balances, clave del funcionamiento de la política en los EE.UU.- en virtud de la constitución mixta o policracia. Como hasta la fecha en Cuba no había existido un Estado- Nación, tanto el ciudadano como el hombre público eran un proyecto, de modo que la Constitución debía servir para crear una suerte de república pedagógica o régimen de virtud cívica, bajo el cual la gente se mostraría dispuesta a servir honradamente en la administración.

 

 

I.2 La modernidad como implante

 

La Constitución de 1901 era, o pretendía ser, un molde que daría formas modernas a la nación. Pero no por ello carecía de las características de esquema importado e impuesto desde arriba, a pesar de que los hombres que la hicieron -todos acreditaban servicios a la causa de la independencia y/o del movimiento por la autonomía en los marcos coloniales- representaban simbólicamente el deseo del pueblo que respaldó con su voto la Carta Magna. Sin embargo, la trayectoria republicana posterior naturalmente no podía ser normada en detalle por este documento fundacional y la I República topó con algunos problemas que habían enfrentado otros legisladores de Hispanoamérica después de la Independencia.

Aquí hay que aclarar no obstante que el principal de tales problemas no se presentó. Me  refiero  al  vacío político posterior a la retirada de las administraciones coloniales que enfrentó a los grupos que hicieron las independencias y dio origen al caudillismo decimonónico (Lynch, 1993). En Cuba las cosas ocurrieron de otro modo. España cedió su soberanía sobre la Isla  a  Estados  Unidos  mediante  el  Tratado  de  París  en  1898.  Después  de  esa  fecha Washington mantuvo hasta 1902 un Gobierno Militar que, asesorado por cubanos, desmovilizó las fuerzas insurrectas, reorganizó los recursos del país, aseguró el tipo de relaciones que se mantendrían en el futuro con Estados Unidos y auspició los trabajos de la Convención Constituyente. Es en este período que Cuba entra formalmente en el espacio neocolonial -ver nota 1- aunque, como ha apuntado Oscar ZANETTI (1998) en su obra Comercio y Poder. Relaciones cubano-hispano-norteamericanas en torno a 1898, desde mucho antes el mercado norteamericano era el principal destino del azúcar que producía la Isla y en esto pueden

rastrearse los antecedentes de la dependencia económica3.

 

Precisamente, la presencia de intereses norteamericanos bien definidos en el azúcar, el comercio y otros sectores hizo que la política en Cuba no cayera en el vacío de Lynch. A diferencia de las naciones de la Hispanoamérica posterior a 1810, que vivían bajo la amenaza de la anarquía, y donde el progreso de las actividades era inversamente proporcional al grado de solidez del Estado, Cuba tuvo una república tutelada. El Estado cubano no se formó a partir de  la  emergencia  traumática  de  un  caudillo  que  respondía  a  las  necesidades  que  iba imponiendo  la  vida,  que  representaba  los  intereses  de  un  sector  de  la  economía,  que conseguía reunir las lealtades de varios jefes locales y que reprimía a sus opositores. Más bien, se formó a la sombra de la presencia de Washington en el Caribe y nada más explica la instalación del Estado cubano en un tiempo récord, apenas dos o tres años.

Sin  embargo,  el  tutelaje  es  una  cuestión  polémica  y  merece  un  tratamiento  más extenso del que ha tenido hasta ahora en la historiografía. La opinión de que “quienes detentan el poder económico mandan” (en este caso, extranjeros) debe ser revisada a la luz de la autonomía que poseían los involucrados en el proceso político interno. El campo de la política cubana se presenta como una estructura, o prisma, (Bourdieu, P., 1981) que refracta las

 

orientaciones enviadas desde la localización fáctica del poder económico, ya que los actores concretos  (o  autoridades  específicas  del  campo)  acreditaban  sus  propios  intereses,  que muchas veces coincidían con los otros, pero otras no. Esta correspondencia relativa explica el boicot de Estados Unidos a muchos regímenes “amigos” en esa época y con posterioridad también. A esto habrá que añadir además que los agentes de la política local en ciertos casos de tensión social no les quedó más remedio que responder de acuerdo con los intereses de la ciudadanía y entrar en procesos de negociación complejos a fin de mantenerse como los representantes legítimos de la soberanía.

I.2.1. La Enmienda Platt

 

El tutelaje, en este caso equivalente a una influencia externa, quedó asegurado en la Constitución mediante una ordenanza agregada a ella en la que se definió la naturaleza de los nexos entre Cuba y Estados Unidos (Enmienda Platt). Mediante esta ordenanza, que luego fue eliminada de la Carta Magna y transformada en un Tratado Permanente:

-Cuba no firmaría ningún acuerdo con potencias extranjeras que pudieran menoscabar la independencia, por lo que a otras naciones no les sería permitido iniciar procesos de colonización, instalar base navales o tomar control alguno sobre una porción del territorio nacional;

-No contraería deudas públicas para cuyo pago fueran inadecuados los ingresos del Estado.   EE.UU.   se   reservaba   el   derecho   de   intervención  militar  para  conservar  la independencia o proteger la vida, la propiedad y la libertad individual.

-Ratificaría todos los actos realizados durante la ocupación militar y se obligaba a mantener todos los derechos obtenidos en virtud de ellos.

-Ejecutaría planes sanitarios para controlar las enfermedades contagiosas a fin de proteger al pueblo y el comercio, así como los puertos del sur de los Estados Unidos.

-La  Isla  de  Pinos  (al  sur  de  Cuba)  quedaría  omitida  de  los  límites  territoriales propuestos por la Constitución, dejando para un futuro arreglo la propiedad de la misma.

-Y, por último, Cuba quedaba obligada a vender o arrendar a EE.UU. las tierras necesarias para carboneras o bases navales. (Pichardo, H., 1969).

Esta propuesta, presentada al Senado de los Estados Unidos por el senador Orville Platt, formó parte de la Ley de créditos para el Ejército, junto a la Enmienda Spooner, referente a las Filipinas. Encontró una gran oposición por parte de senadores como John Tyler Morgan y Benjamin   R.   Tillman,   quienes   invocaron   la   Resolución   Conjunta   (Joint   Resolution,

20.abril.1898), en la que se reconocía que “el pueblo de la isla de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente” y se declaraba que EE.UU. no tenía “deseo ni intención de ejercer soberanía, jurisdicción o dominio sobre la Isla” (López e Ibarra, 1999: 111). A pesar de estas contradicciones, la proposición de Platt se impuso. El dato de cómo quedó la votación es revelador: de 253 representantes, 137 se opusieron (Roig de Leuchsenring, E., 1961). Esto quiere decir que la política de Estados Unidos no se comportó como un bloque compacto ni siquiera en un momento clave como este, y si la ordenanza consiguió abrirse paso fue porque su firma condicionaba la aprobación de la cantidad necesaria para el pago del Ejército ese año (Roig de Leuchsenring, E., 1961). Por demás, la Enmienda Platt era la renuncia no definitiva a los planes de anexionarse la Isla o convertirla en un protectorado real. El desarme incompleto de las tropas cubanas fue otro factor que decidió al gobierno de los EE.UU. Las autoridades militares norteamericanas no consiguieron impedir, entre 1898 y 1902, que cerca del 40% de

 

los soldados cubanos conservaran su armamento y esto, conjuntamente con la rebelión de Aguinaldo  (Filipinas)  y  la  campaña  anti-expansionista  del candidato demócrata William J. Bryan, constituyó un factor que presionó al presidente Mc Kinley y al Partido Republicano a fin de abandonar la idea de la anexión y optar por el modelo de dominio neocolonial. El hecho de que los caudillos políticos cubanos pudieran reunir contingentes armados sería un factor de desestabilización con el que habría que contar en el futuro (Ibarra Cuesta, J., 1999: 163).

En Cuba, tampoco hubo consenso respecto a la aceptación del controvertido apéndice constitucional. Hubo 10 votaciones (“curso de la aprobación de la Enmienda Platt”) antes de que se impusiera, también allí por razones de presión: la retirada de las tropas de ocupación se efectuaría sólo después de que la Asamblea aceptara la ordenanza. El trabajo cuantitativo de Sergio  López  Rivero  y  Francisco  Ibarra  ”Sobre  transigentes  e  intransigentes”  acerca  del proceso de negociación en el interior de la asamblea es el único hasta ahora que demuestra

cómo se modificó la oposición inicial a la firma en cuestión4. No se retomarán aquí los detalles

del  proceso.  Lo  importante,  a  los  efectos  de  esta  argumentación,  es  que  los  delegados pensaban que si se negaban a las presiones norteamericanas no se salvarían “la raza, la independencia y la dignidad del pueblo cubano”. De lo contrario, como afirmaba Gonzalo de Quesada, podría crearse la República cubana (en López e Ibarra, 1999: 122).

Al colocar la Isla en una posición de protectorado virtual, la Enmienda Platt significó un agravio en el papel y en la práctica el límite de la soberanía y el Estado. Sería la base jurídica que condicionaría la actitud posterior de los EE.UU. hacia Cuba y posibilitaría una nueva intervención en 1906. Específicamente, definió el “experimento neocolonial” (la frase es del presidente McKinley) en el que Cuba jugaba un papel de ensayo: la República debía prosperar económicamente y sus instituciones debían constituir un ejemplo para los demás países latinoamericanos. (Ibarra Cuesta, J., 1999: 173). Por esto determinó el itinerario de una conciencia nacionalista que se desarrolló paralelamente al “antiimperialismo” en América Latina y suministró material a esa actitud, siendo a la vez su usuaria cubana; también fue la base de las “políticas preventivas” de los presidentes Th. Roosevelt (1901-1909), W. H. Taft (1909-

1913), W. Wilson (1913-1921), C. Coolidge (1923-1929) y H. Hoover (1929-1933) que, con

algunas variaciones de forma (en el último caso, con una gran variación), significaron intromisiones en los asuntos cubanos.

Sin embargo, hay que precisar bien la asociación entre la Enmienda Platt y la I República, lo cual implica completar la crítica del tutelaje. Una relectura de lo que fue la política doméstica posterior demostrará que el tutelaje se hizo más efectivo en la medida en que los actores de esa gestión vigilaron más el interés particular que el bien común, guiados por un sentido patrimonial de la cosa pública (Entralgo, 1962). O sea: la idea es que de los caudillos surgidos de la guerra de 1895 no podía esperarse una coherencia cívica mayor, y que la crisis de la I República es ininteligible sin comprender este factor interno. Aunque el uso personal y colectivo de la política ha sido uno de los blancos preferidos de la crítica nacionalista, ésta ha distorsionado  su  significado,  al  intentar  por  diversos  medios  hacer  la  caricatura  de  los gobiernos y aparatos legislativos de la época. El significado de la imagen grotesca que ofrece esta crítica tiene una dimensión fatalista que se resume en la expresión: “Desde la Enmienda Platt, la suerte [de la República] estaba echada” (Ibarra Cuesta, J., 1992). La primera objeción

es que muchos entonces no pensaban así5. La segunda es que, de acuerdo con el historiador

Max Zeuske: “El intervencionismo de los EE.UU. dio paso a un complejo mental-político basado en  echarle  la  culpa  de  todo  a  esta  fuerza  exterior.  Este complejo consistía, en el plano

 

ideológico, en la acusación de haberle robado a los cubanos -o por lo menos de haber pospuesto- la posibilidad de realizar inmediatamente el ideal soñado. (…) Pero en realidad, la política interna se basaba en conflictos por el poder de grupos de actores que muy rápidamente aprendieron a manejar la influencia exterior” (Zeuske, M., 1999: 131).

Si  los  hombres  que  ejercieron  el  poder  político  durante  el  primer  cuarto  de  siglo hubieran actuado con un sentido diferente, los efectos perversos del tutelaje desde el exterior se habría podido minimizar. Aún no se puede concluir si, además de imposible de evitar, de haber constituido una “frustración y un obstáculo para la nacionalidad cubana” (Gay-Calbó, E. en Roig de Leuchsenring, 1964: 25) y de alentar las pugnas entre los grupos de poder internos a fin de dividirlos, el tutelaje trajo algo positivo. ¿A cuánto habrían ascendido las pérdidas del país de haber estallado cada conflicto entre estos grupos, que en lo posible acotaron sus excesos y pactaron a fin de evitar nuevas intervenciones militares? El proceso de consolidación de una hegemonía nacional habría sido sin dudas agotador y el resultado posiblemente no habría sido más deseable. Tampoco sobra añadir en último lugar que se dieron coincidencias curiosas entre las posturas nacionalistas extremas surgidas de la clase media y los “tutores” norteamericanos, como ocurrió en 1923 bajo la administración de Alfredo Zayas, cuando el general Enoch Crowder le impuso a este presidente la conformación de un “gabinete de la honradez” a fin de controlar la corrupción. En ese momento, el nacionalismo cubano se halló en una  encrucijada  (Cairo,  1976;  Fornet,  A.,  1967:  41)  al  coincidir  con  un  poder  que

necesariamente tenía que considerar ilegitimo6.

 

 

 

1. II. EL CAMPO POLÍTICO CUBANO

 

Quienes fundaron y protagonizaron la política en los primeros años del siglo XX en Cuba, no tuvieron la relativa libertad de elegir y ensayar lo que podía observarse un siglo antes en América Latina. Cuando el área se estructuró a lo largo de la primera mitad del XIX, los legisladores de entonces intentaron ejecutar un proyecto ambiguo que apenas se sabía si podría ser instrumentado en países extensos e incomunicados como eran los hispanoamericanos.  A  inicios  del  Novecientos  en  Cuba  parecía  carecer  de  sentido  una polémica constitucional como la que sostuvieron Domingo Sarmiento y Juan B. Alberdi en 1852 (detalles en Botana, N., 1984). En aquel momento, decidir qué gobierno se construiría permitía optar entre una fórmula de transplante institucional lento -el tipo de república de Story y Tocqueville- o la construcción de una república fuerte de carácter centralista -al estilo del último Simón Bolívar, Thiers y Taine-.

Si bien los primeros partían de la idea de trasladar el Congreso de Filadelfia hacia el Sur como garantía de progreso, la opinión de los segundos contaba más con el “compromiso con el pasado”, esto es: su perspectiva estaba más arraigada en la tradición colonial. Para Alberdi, un régimen que consiguiera asegurar el orden y conjurar los atavismos del pasado, posibilitaría la instalación de la sociedad industrial en Argentina.

En 1901 la concepción de una república en Cuba adquiría un carácter de algoritmo. Esto hizo que en la isla se perdieran de vista muchas de las dificultades que podían surgir en la aplicación de las normas, así como las condiciones específicas del territorio y la población en cuestión. Y aunque las reformas que debían hacerse se plantearon desde los primeros tiempos de la República, éstas nunca se llevaron a cabo con profundidad e integralmente. Por lo general, los electores se limitaban a dar cierto crédito a los gobernantes que llegaban con un programa de ofertas salvadoras. En los términos de un testigo: “Siempre se esperó que alguno

 

de los jefes políticos se situara por encima de las pugnas partidistas y se consagrara a la Nación” (Gay-Calbó, E. en Roig de Leuchsenring, E., 1964: 25). Esta espera a lo largo de un cuarto de siglo terminó por disminuir la confianza pública y debilitó la legitimidad de los jefes y partidos.

 

 

II.1 Caciques y caudillos

 

Del mismo modo que en Venezuela, Paraguay y otros lugares hispanoamericanos (Lynch, 1993; Halperin Donghi, 1970), la política se organizó en Cuba no a partir de las ideas, sino de las lealtades a los diferentes jefes políticos y del control de los municipios y provincias7. Los  partidos  políticos,  aunque  podían  involucrar  a  intelectuales  y  mantener  un  discurso

específico, eran equivalentes a conjuntos de lealtades más o menos inestables y relativamente fiables, a veces con inclinaciones a la fragmentación, que se activaban antes del proceso electoral y luego se premiaban o no (Entralgo, E., 1962). Precisamente, en el mantenimiento o la ruptura de tales nexos se halla por lo general la clave de los diversos desgarramientos partidistas que hubo.

Los caciques están asociados a las figuras prominentes de las localidades urbanas en medios fundamentalmente agrarios. La idea del cacique suele vincularse a la imagen del “rico del pueblo” que dispone de influencias y sabe utilizarlas. Su imagen es la de un hombre opulento  con  un  habano  en  la  boca  que  frecuenta  el  Casino,  los  círculos  agrícolas  e industriales (entre otros espacios de sociabilidad) y que no vive del trabajo manual, sino de sus rentas y del trabajo de labradores y obreros que están a su servicio a cambio de un salario o jornal. Por lo general, se les ha identificado con una fuerza de oposición (la de los propietarios rurales con intereses propios) al poder central, pero que eventualmente pueden pactar con las oligarquías o la oposición, tras el cierre de una negociación favorable o si ven en la política nacional la ejecución de sus deseos. Mediante los pactos entre caciques se conforma una estructura institucional (ajena a los marcos formales de la modernidad) a fin de alcanzar cuotas de poder más amplias y disponer de recursos mayores. Como ocurrió en el régimen de la Restauración Borbónica (1874-1923) en España, el caciquismo puede ser la base de todo un sistema político. En este contexto, la introducción de las elecciones y el sistema parlamentario sirvieron de vehículo para los pactos entre los notables locales y el poder central, que buscaba atraer a los caciques de las diferentes provincias (Yanini Montes, A., 1984: 11). Asimismo, fue uno de los mecanismos del aparato institucional diseñado por Antonio Cánovas del Castillo para  dar  un  aire  de  renovación  al  orden  monárquico  inestable  desde  la  emancipación americana (Abellán, J.L., 1989-1991). En tanto solución cosmética: “un sistema político en el que la gran mayoría de las elecciones fueron ficticias, manipuladas y carentes de significación en lo que a expresión popular se refiere (…) unas elecciones pactadas y establecidas de antemano, ya que (…) no respondían, bajo ningún concepto, a la voluntad del electorado, limitándose a ser una fórmula mediante la cual los partidos de turno conseguían mayoría adicta en el Parlamento.” (Frias, C. y Trisan Casals, M., 1987: 17-18).

En correspondencia con lo anterior, España permitió en Cuba el funcionamiento de agrupaciones políticas (Unión Constitucional, Partido Autonomista), cuyas prácticas y discurso no inducían a la sedición y que en teoría representaban los intereses de los gobernados. Al ser una adaptación del sistema que funcionaba en la Península, en Cuba también el caciquismo se convirtió en una realidad y como tal logró salvarse en la transición a la I República. Como sugiere la circulación de folletos como En defensa de la soberanía y el sufragio, de Luis Marino

 

Pérez (Habana, Impr. Score, 1919); o libros como Psicología del Estado cubano o Cuba por dentro, de José Salom Solves (Cienfuegos, Imp. La Luz, 1910), desde los primeros años republicanos se hizo sentir su importancia funcional en la política.

Parece tener sentido la idea de identificar dos tipos de caciques en estos años formativos. A estos caciques nacidos del llamado sistema “canovista”, que en Cuba se desenvolvían perfectamente en los marcos impuestos por la Capitanía General, Jorge Ibarra Cuesta (1999: 161) opone los “nuevos caciques”. Los primeros (“caciques de viejo tipo”) podían ser autonomistas o integristas carentes de prestigio militar y de un alto poder de convocatoria; su poder se centraba en la propiedad y el control de clientelas urbanas. Los nuevos caciques, procedentes de la alta oficialidad del separatista Ejército Libertador (EL), respondían a un esquema ortodoxo de caciquismo rural en el que confluían el prestigio de haber conducido la Guerra de 1895, la propiedad de la tierra y el poder político a nivel de provincias, municipios o pueblos. Este segundo tipo se acerca más al caudillo hispanoamericano surgido de las guerras y las reconstrucciones nacionales que estudió Lynch (1993).

El problema tiene también una dimensión territorial (Walker, Ch., 1999: 121 ss). El núcleo  más  fuerte  de  estos  nuevos  caciques  (o  caudillos, como se prefiera) nació en la provincia central de Las Villas a partir del Cuarto Cuerpo del EL. Permanecieron en esta zona hasta  1905  (actuando  como  Partido  Republicano  Federal  de  las  Villas)  y  después  se

convirtieron en Partido Liberal bajo el liderazgo del general José Miguel Gómez8. De este

modo,  el  caudillismo  entraba  en  una  fase  de  formalización a fin de conseguir el control nacional. En definitiva, como afirma Charles F. Walker para Perú: Caudillos operated through the state, not around it (1999: 135).

A  la  mencionada  fuerza  de  “miguelistas”  que  buscaban  constituir  en  la  zona  un pequeño estado dentro del Estado -a estas alturas los “miguelistas” se proyectaban como anticentralistas en contra del poder de La Habana, en manos del Partido Moderado desde

1902)-, se sumaron los Nacionales Liberales de Alfredo Zayas y Juan Gualberto Gómez, intelectuales que participaron en la movilización anti colonial y que carecían de bases clientelares regionales (Zeuske, 1999: 133), pero en cambio disponían de arraigo en las clases bajas y “de color”, gracias a los contenidos relacionados con la lucha por la igualdad que su prédica incluía (Ibarra Cuesta, 1999: 167). El pacto adquirió un tono de alianza interracial con la entrada de Martín Morúa Delgado, símbolo de un presunto acercamiento de los “negros” a los centros donde se tomaban las decisiones políticas.

El sistema cuyos principales beneficiarios eran Gómez y sus allegados9 disponía de clientelas horizontales (territoriales, provinciales) y verticales que involucraban a los caciques políticos locales. Los puntos clave del entramado estaban ocupados por ex oficiales (y ex subordinados de Gómez) del EL que podían apelar a las lealtades creadas durante la última guerra de independencia entre sus correligionarios, convertidos en labradores, propietarios, colonos, etcétera, e influir también en los clubes, centros africanos, grupos de veteranos y sociedades de recreo y socorro mutuo. Esta clase de contactos permitió a los liberales ganarle la partida a los moderados (luego conservadores) en el campo y en los barrios pobres de las ciudades (Zeuske, 1999: 134; Ibarra Cuesta, 1999), abrió el camino de la conquista del poder central que terminó con el ascenso de Gómez a la Presidencia en 1910 y, en definitiva, demostró ser un sistema efectivo y perdurable, a pesar de las divisiones internas y de las opiniones de sus enemigos políticos y de los servicios de inteligencia de EE.UU. Junto a los nexos que también se crearon con el capital hispano-cubano invertido en el comercio y el

 

azúcar de la provincia, en el sistema de clientelas descansaba el poder de Gómez y del Liberalismo cubano; un poder (que se proyectaba simbólicamente como nacionalista y criollo) que los moderados intentaron conjurar definiéndose como partido del orden y apelando a las buenas relaciones que Tomás Estrada Palma (presidente moderado entre 1902 y 1905) había establecido con Washington y a la combinación reelección-represión (Estrada Palma y su “gabinete de combate” en 1905 y luego Mario García Menocal a fines de la segunda década del siglo XX).

A pesar de sus diferencias, ambas agrupaciones desarrollaron el esquema vertical de control. Parece que el período formativo de esta pirámide político-social estaba concluido en

1916, coincidiendo con la presidencia del conservador García Menocal. Cuando el legislador José A. Ramos se planteó su estructura, (la “división anatómica en la que se desenvuelven y actúan las ambiciones y aspiraciones de la clase política”) llegó a definir sus partes aceptablemente y hasta establecer la dimensión moral de la cuestión. Para Ramos, la cúpula correspondía al Gobierno compartido entre el Presidente, su lugarteniente (generalmente el individuo que establecía las negociaciones a fin de conseguir votos) y demás sostenedores de su actuación en el Ejecutivo, el Congreso y los partidos. Ubicó alrededor de los anteriores (actuando  en  la  oposición  o  enfrentándola)  a  miembros  prestigiosos  del  EL,  de  la  elite intelectual de la Colonia y del Partido Revolucionario Cubano, junto a periodistas de gran

influencia personal, destacados letrados y profesionales de “prestigio y sólida posición”10.

 

Esta sería la casta privilegiada de la política; luego aparecían en el esquema los que él llamaba  “muñecones  y  sargentos”  que  constituían  la  pieza  clave  del  funcionamiento  del sistema. Los sargentos políticos organizaban las lealtades de base y por eso estaban diseminados por el Congreso, alcaldías del interior del país, jefaturas de policía, asambleas políticas menores, etcétera. Por lo general, los identifica como políticos de segunda línea (menos visibles), oficiales del EL y profesionales “acomodados” y los define como gente de poca  cultura  y  algún  carácter.  Oradores,  periodistas:  intelectuales  de  utilidad  para  las campañas públicas y de poca influencia personal. Junto a ellos podían hallarse políticos con poder de convocatoria, pero que a Ramos le parecían completamente incultos y agresivos frente a los adversarios. En síntesis: “de una admiración canina por el jefe”.

Estos últimos controlaban ciertas “guerrillas volantes” encargadas de la conquista del votante concreto. En esta categoría, Ramos engloba a todos los que él llama “contrafiguras”, a saber: intelectuales nuevos o tímidos que servían de alter ego a los sargentos; periodistas de mínima importancia o de importancia local y a quienes podían considerarse “agentes espontáneos” de la agitación: sujetos favorecidos y agradecidos de condición humilde, amigos

fieles  de  los  políticos  de  primera  y  segunda  fila.  “Combatividad  nata”,  apunta  el  autor11.

También había mercenarios, ex presidiarios y matones de alquiler, añadió.

 

Contra  este  sistema  se  pronunciaron  advertencias  y  se  propusieron  alternativas ingenuas y presuntamente altruistas que no serían tomadas en cuenta en las altas esferas, pero que hicieron circular nociones (como crisis, desintegración nacional y decadencia, entre otras muchas) que aludían a que el mal funcionamiento de las asociaciones suponía el fracaso de proponer con posibilidades de éxito programas de reforma de la gran política. Entre las advertencias, destaca la de José Salom Solves, abogado del Colegio de Cienfuegos, que escribió todo un libro para prevenir a José Miguel Gómez y a la ciudadanía en general contra la acción  de  los  “malos  liberales”  que  rodeaban  al  jefe  mencionado:  Psicología  del  Estado

 

ambición) y, por tanto, su advertencia buscaba generar una renovación de la cúpula liberal, en específico, y en general de la clase dirigente. Su diagnóstico del orden político era más bien

sombrío:

(…) es de observar que cada cual toma partido según su posición e interés; que el espíritu en general, incluso de los que alardean de más independencia se somete a lo que la voluntad extraña de un cualquiera que muchas veces no se sabe ni de dónde salió, le impone; que por ese motivo no ha Ciencia Política, ni aún siquiera un indicio de certidumbre (…) (p. 36).

 

Según el autor, “gobernar con eficiencia” implicaba curar esta “enfermedad generalizada”, y para ello era preciso organizar un gran Partido Republicano Democrático que incluyera a todos los “individuos” enterados de la necesidad de reformar el sistema. Sin embargo,  la  legitimidad  de los  caudillos  limitaba  las  observaciones de Salom Solves. La garantía de que el Partido por él propuesto no se degenerara era que en sus filas

podrían  ingresar  o  sentar  plaza  de  soldados  por  de  pronto,  los  verdaderos

descendientes y admiradores de aquella pléyade de patricios que dieron su sangre por la Libertad e Independencia (…); los hombres más juiciosos y honrados de todas las clases sociales (…) (p. 118).

 

El contenido de esta comunicación evidencia que más de un analista estimaba que escaseaban los recursos para intentar la reforma de la política. Era claro que la representación tenía que ir “cuesta abajo” en Cuba (p. 78), pues en el orden intelectual -seguramente se refería a la cultura política- reinaba una ignorancia determinada por el analfabetismo de las dos terceras partes de los ciudadanos que componían el Estado (p. 63). Para Salom Solves, ésta era una cuestión que estaba alentada a nivel nacional por una “corriente contraria a la capacidad, a la competencia y a la aptitud” (p. 79). Por esa razón, él -entre muchos- buscaba las bases sociales propuestas para la reforma como tal eran esencialmente las mismas del sistema criticado. Su crítica era un poco ingenua al confiar en que los protagonistas de la

emancipación  pudieran  conducirse  moralmente  y  no  según  las  lealtades  creadas13,  pero

ingresa (o refleja la existencia de) algunas ideas en el análisis político que seguirían siendo tomadas en cuenta después: el pedido de inclusión de los intelectuales en la alta política (“la representación de la inteligencia”, p. 79) y la reunificación de todas las tendencias políticas en una sola formación nacional. Tampoco entonces se percibía que ambas cosas no constituyen garantías  de  funcionamiento  democrático,  pues  (como  realmente  sucedió)  la  autocracia también puede ser beneficiaria de ellas.

Alternativas se concibieron muchas. Un artículo publicado en La Reforma Social, la revista de ciencias sociales y políticas más importante de la época, localizaba el problema en el transplante institucional. Para el autor, el régimen representativo de los EE.UU. había sido importado por Cuba tal y como fue concebido a finales del siglo XVIII, o sea, sin atender a los problemas de la representación que ese país tuvo que resolver a lo largo de su historia

posterior:

En la constituyente de 1787, los norteamericanos no otorgaron importancia a la participación de los partidos en el gobierno, quizás porque en esa época no se conocían los partidos tal como después se organizaron. Los constituyentes en cuestión procuraron limitar y definir la esfera de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de tal manera que sirviesen de contrapeso unos a otros y mediante ese sistema de equilibrios se garantizasen las libertades individuales contra la arbitrariedad por parte de esos poderes. Las constituciones que, como la cubana, están basadas esencialmente en la americana, de más está decir que tampoco cuidaron ese punto capital. Viene de aquí a resultar en la práctica que a los partidos

 

importante tarea de transmitir la voluntad del pueblo al gobierno, y huelga decir que esto lo han hecho casi siempre de manera insatisfactoria14.

 

De aquí surge que en 1914 algunos pensaban que el origen de la arbitrariedad estaba en el diseño institucional. En ausencia de disposiciones constitucionales que regularan la actividad  partidista,  los  partidos  caían  en  manos  de  jefes  políticos  que  perseguían  la satisfacción del interés individual. De este modo, la voluntad popular no encontraba el canal apropiado para imponerse y controlar las prácticas y la conducta de los políticos electos, lo cual implicaba la crisis del “sistema de equilibrios” que se menciona en la cita.

La certeza de base es que una constitución -aún no se concebían los tribunales de justicia electoral como tecnología política- puede regular el ordenamiento y los excesos partidistas. La advertencia refleja el entusiasmo constitucionalista-liberal del siglo XIX, que se distanciaba de los pensadores de la Ilustración por cuanto confiaba más en las normas que en la virtud cívica, que podía degenerar en un jacobinismo tendiente al terror. El autor observó que la  representación  había  fracasado  en  la  imitación  y  apuntó  que  la  democracia  cubana precisaba una reforma urgente con innovaciones tomadas del modelo republicano francés basado en el contrato social, dando participación a los jefes de partido en el control del gobierno y, a la vez, responsabilizándolos cívica y constitucionalmente ante el ciudadano.

Otras ideas para menguar la influencia de los jefes liberales y conservadores y salvar la representación  fue  expresada  por  José  Antonio  Ramos,  quien  propuso  en  un  opúsculo constituir la “senaduría corporativa”, o sea, que la mayoría de los componentes del Senado no fueran  representantes  de  grupos  o  partidos  políticos,  sino  representantes  de  profesiones electos  dentro  de  sus  respectivas  sociedades  o  gremios,  como  expertos,  o  hombres  de

conocimientos especiales, lo que iba encaminado también a elevar el nivel de la Cámara Alta15.

 

La circulación de ideas como éstas define un universo de búsquedas insatisfechas que no  afectaba  lo  establecido,  pero  que  contribuiría  a  desarrollar  una  idea  de  la  república oligárquica como un sistema arbitrario16. Si aceptamos definir la democracia como aquel “sistema político que suministra oportunidades constitucionales regulares para el cambio de los dirigentes gobernantes, y un mecanismo social que permite a la mayor parte de la población influir sobre las decisiones más importantes, para la elección entre contendientes para los

cargos públicos a política” (Lipset, S.M., 1987: 41), podemos concluir que el régimen representativo  cubano  podía  definirse  desde  sus  primeros  años  como  un  orden  no democrático, es decir: como una república jerárquica. La razón de base es que la estructura piramidal descrita por José Antonio Ramos en 1917 no estaba pensada para suministrar las oportunidades de ascenso a cualquiera. Como dijera alguien después: la política se practicaba en círculos cerrados.

 

 

III. LA CIUDADANÍA PASIVA, DIMENSIÓN ÉTNICA DEL PROBLEMA Y CRÍTICAS

 

Habiendo explicado la condición no democrática del funcionamiento del sistema, podría resultar un contrasentido indagar sobre el ciudadano. Sin embargo, éste fue un elemento importante, pues sin contar con él ninguna agrupación política habría podido funcionar. Me parece obvio que sin él tampoco serían totalmente inteligible (a) la noción misma de república pedagógica (el fracasado esquema cívico que planteaba la educación del ciudadano, que se expresa en los motivos que impulsaron renovación de la Instrucción Pública y la fundación de

 

tanto, aquí hemos llegado a un ámbito de recepción de la política, que no carece de cierta dimensión intelectual.

Trabajos recientes (Bobes, 2000) establecen que en Cuba prevaleció “una ciudadanía de tipo civil y pasiva” sobre el modelo de ciudadanía participativa e inquieta que busca conducirse como una entidad capaz de acotar y controlar el poder político. Entre ambos tipos existió una suerte de competencia. La preponderancia de la primera (ciudadanía como estatus) “permitió al sistema político el procesamiento de la contradicción entre el modelo normativo jurídico   y   las   prácticas   políticas   y   sociales   de   los  primeros  años”  garantizando  el funcionamiento de las instituciones formalmente democráticas durante la I República; la existencia de la segunda garantizó la permanencia de un pensamiento republicano que intentó movilizar a los ciudadanos a partir de 1923 mediante distintos procesos de “oposición cívica” y “renovación nacional” que se pronunciaron por (a) el saneamiento de la política y la reforma de las  leyes;  (b)  la  ampliación  de  los  derechos  políticos  refrendados  en  la  Constitución (sufragismo); y (c) democratización del orden creado (búsqueda de la igualdad real). Procesos que afectaron, interpretados por los contemporáneos en clave sociológica, la legitimidad de los hombres que hacían la política.

¿Por qué prevaleció la ciudadanía como estatus sobre la participativa? La respuesta historiográfica parece compartir la opinión de que fueron los gobiernos quienes manipularon e inmovilizaron al ciudadano, o que éste se desentendió de la política al comprobar que era algo así como una potencia ajena por completo a su vida e intereses. La historiografía en general, y especialmente la nacionalista, ha esquivado (o no ha considerado lo suficiente) el problema de hacer la crítica del “pueblo”, a quien se presenta corrientemente como una víctima (de los atropellos del poder) que “despierta” en los años 20 y que, bajo la dictadura machadista, finalmente se revela contra el orden creado e intenta transformarlo. Interpretaciones quizás más profundas han zanjado la cuestión al estudiar el “carisma” o poder de convocatoria de los caudillos, acaso los únicos agentes “legítimos” para actuar en el proceso nacional después de la emancipación.

Sin embargo, no es ocioso hacer la crítica del “pueblo” porque después de todo este detentaba nominalmente la soberanía. Intelectuales que hicieron su formación en Derecho, rápidamente notaron la insuficiencia y se pronunciaron al respecto, y en torno a las deficiencias de la práctica de la ciudadanía se desarrolló una polémica que no podía ignorar diversas observaciones “antropológicas” que habían sido publicadas incluso con anterioridad a que fuera declarara la República. La intentaremos reconstruir en sus dos perspectivas esenciales (desde  la  antropología  y  el  derecho),  pero  previamente  habría  que  apuntar  que  si  a  las personas  con  más  formación  política  les  resultaba  difícil  establecer  con  precisión  las deficiencias  de  la  ciudadanía  (o  sencillamente  la  temían),  ¿qué  podría  esperarse  de  los demás? También habría que retomar aquí como elemento de gran peso explicativo la importancia que tenía la I República en tanto universo simbólico: algo que no fue desechado ni siquiera por los presidentes más autoritarios del período, como García Menocal y Gerardo Machado, gente que sin duda alguna creía más en la acción de la voluntad que en las instituciones establecidas.

El problema de partida radica en que la referencia republicana imprecisa puede ser interpretada de diversas maneras en función de proyectos políticos opuestos (Guerra, 1991; Myers, 1995; Lynch, 1993). Aún enterado de su fuerza o arraigo social, a un régimen caudillista le conviene constituirse sobre la base de un universo simbólico esencialmente republicano, lo

 

cual no es siquiera peligroso, pues como adelantó Bodino siglos atrás, la república puede ser el gobierno de las familias notables a las que es deseable subordinarse. En su gestión empleará lenguajes, tópicos e imágenes de procedencia clásica republicana. La agonía de la gente que no acaba de ver resueltos sus problemas -a pesar de haber entregado una cuota de su soberanía en el pacto de la representación- hará plausible el reforzamiento del tradicional sistema  de  autoridad  (la  dictadura  como  salvación).  De  este  modo,  se  irá  abriendo  la posibilidad   de   construir   un   orden   republicano-autoritario  estable,  capaz  de  salvar   la contradicción entre los cambios introducidos por la revolución y el mantenimiento de relaciones sociales armónicas. La condición es que para lograrlo hay que admitir la existencia “natural” de jerarquías sociales, cuyas particularidades nunca serán del todo definidas (Jorge Myers indica al respecto la relación entre el mérito, la propiedad y la ilustración y la clarificación del nexo entre el prestigio social y el derecho a mandar).

Desde que la posibilidad de la soberanía se abrió paso sobre las tesis del estatuto autonómico a fines del siglo XIX, a más de un pensador se le ocurrió preguntarse si los cubanos estaban preparados para el autogobierno17. A pesar de los esfuerzos puestos en la renovación de la instrucción pública, a esas alturas muchos dudaban que la “herencia colonial”

pudiera ser derrotada algún día, tópico discursivo que a menudo venía asociado a la revisión de las consecuencias demográficas y culturales de la sociedad de plantación o, en palabras de la época, la carga de los “atavismos del pasado”. En palabras más claras: por una parte, no se veía con claridad que los exesclavos y sus descendientes (que en su calidad de combatientes en la Guerra de Independencia habían tenido que ser incluidos en los marcos de la ciudadanía) consiguieran convertirse en ciudadanos, elevándose sobre “los defectos que les confería su propia naturaleza”; por otra, se temía que la lucha por la igualdad, que alcanzó puntos dramáticos en 1912 con la llamada “Guerra de Razas”, amenazara la República que, a tenor de los criterios racistas dominantes, debía continuar siendo blanca y no derivar en un segundo

Haití.

 

Tales contradicciones se complicaban aún más con la importación de la mano de obra barata en forma de braceros antillanos que reclamaba la industria azucarera, pues en términos estadísticos  la  mayoría  blanca  se  veía  cada  vez  más  en  entredicho.  Ésta  sería  una complicación que no se resolvería. El 30 de julio de 1917 y coincidiendo con el auge exportador de azúcar cubano durante la I Guerra Mundial, el influyente legislador Cosme de la Torriente (coronel del EL) combatió sin éxito en el Senado una propuesta de ley a favor de la libre importación de braceros hasta dos años después de terminada esa contienda bélica, lo que, para él, afectaría gravemente las características étnicas de Cuba. De la Torriente objetaba la duración del plazo de residencia previsto y las repercusiones negativas que el ambiguo plan tendría en los salarios de los nacionales; por demás se preguntaba cómo las autoridades harían para hacer salir luego a esa población que en teoría era estacionaria, pero que la práctica había demostrado que tendía a permanecer en la isla sin naturalizarse del todo, agravando de tal forma los problemas sociales relacionados con la desocupación que discutió Fernando Ortiz (1924) en La decadencia cubana. Siguiendo la máxima “gobernar es poblar”, Cosme de la Torriente separaba los inmigrantes en “peligrosos” (procedentes de las Antillas Menores) y “buenos” (españoles y blancos en general). Según afirmó,

ese inmigrante español que tanto necesitamos para el desarrollo de la tierra y para

la permanencia y fortaleza de la raza blanca en estas regiones tropicales, debe ser defendido y protegido, contra los otros inmigrantes como si se tratase de los propios trabajadores cubanos, negros o blancos18.

 

Pero, como quedó claro desde los lejanos tiempos de Francisco de Arango y Parreño, los hacendados azucareros establecidos en la isla no estaban dispuestos a ceder en este punto: la mano de obra barata parecía una condición para el mantenimiento del sistema. Esto explica que la inmigración no se comportara como en América del Sur pocos años antes y que nunca se tomara demasiado en serio el trabajo del Comisionado General de Inmigración en Europa, ni que se trazaran estrategias en este sentido entre la Asociación para el Fomento de la Inmigración, el Círculo de Hacendados, la Liga Agraria y otras entidades que recogían el parecer de los grandes propietarios.

Aunque existe evidencia histórica suficiente para desconfiar del mito de la falta de preparación ciudadana de la “población de color”, es evidente que el crecimiento de este sector subalterno -que zafra tras zafra se establecía informalmente sin derechos y con no pocos problemas de integración (amenazada siempre por el peligro de expulsión)- complicaba la formación de una ciudadanía activa, aunque animó y/o participó en las protestas sindicales y

sociales en las décadas siguientes19. El punto ahora es ver cómo analizaron la cuestión los

pensadores republicanos -que estaban ante una ciudadanía cada vez más multicultural que se ampliaba más allá de los límites de la población combatiente en las guerras del pasado, y que se alejaba cada vez más de la ciudadanía homogénea que los herederos de Aristóteles aconsejaban para evitar los conflictos de intereses en la república clásica-. Problema que, como se ha visto, tiene varias aristas, entre ellas la de los derechos laborales, la jerarquía étnica real (clave para entenderlo) y la movilización cívica.

Hoy queda claro que las “clases de color” fueron sistemáticamente marginadas o manipuladas en alianzas “interraciales”. La posibilidad de que las antiguas partidas armadas de negros y mulatos pudieran llegar a establecer una base alternativa para una identidad política y moral de ciudadanía (Scott, R., 1999: 106) fue cortada con prácticas represivas derivadas de conceptos formados a partir de las desigualdades sociales puestas en términos biológicos, naturales, que deliberadamente confundían el fenotipo con el estatus sociocultural a fin de justificar la tesis de que ciertos hombres autodeterminados no eran capaces de aprovechar al máximo las oportunidades que al parecer le ofrecía el orden creado (Stolcke, V., 1992: 17-18). En las primeras décadas del siglo XX, las ambigüedades del problema y los temores racistas heredados de la sociedad de plantación transformados a veces en conclusiones científicas (la criminología de Israel Castellanos y del primer Fernando Ortiz, o la sociología de la prostitución desarrollada por Matías Duque) podían confundir a los que intentaban formarse una opinión desprejuiciada sobre el tema, lo que tampoco era seguro.

De este modo, una de las objeciones a la construcción de una ciudadanía participativa que se estimaba más fuerte se desprendía de una interpretación pesimista de la pluralidad étnica y cultural que reflejaba el Censo de la República. Para el escritor Miguel de Carrión su lectura era la menos tranquilizadora de todas las que podía abordar un republicano más o menos enterado. En palabras de Carrión, en aquel contexto la isla carecía de dos requisitos básicos para la construcción de un sistema político viable: la “unidad étnica indispensable” para que todas fuerzas sociales marchasen al mismo fin y la infraestructura cultural necesaria para

formar “núcleos de orientación” efectivos que orientaran las tendencias colectivas20. La función

de la cultura sería la creación de la compatibilidad de intereses y el consenso necesarios para el completamiento de la transición a la verdadera libertad.

A grandes rasgos, la argumentación de la tesis en cuestión era: la población cubana estaba dividida en varios grupos (“blancos”: nativos, españoles y otros extranjeros; “elementos

 

de  color”:  divididos  en  negros,  mestizos  y  asiáticos)  que  no  cooperaban  entre  sí.  Los extranjeros no se fundían en la masa poblacional y no olvidaban los caracteres de sus propias tradiciones -al respecto, el sociólogo evolucionista cubano Segio Zequeira Cuevas explicó en la Universidad a inicios de los años 20 que Cuba carecía de una “autogenia” fuerte, a diferencia de los EE.UU., donde los inmigrantes terminaban fundiéndose con la masa local-; la población de color (“núcleo borroso”, p. 8) debía ser descartada por su apatía y alejamiento de las fuerzas activas que trabajaban por el desarrollo social. Este sector estaba unido a los demás por lazos de patriotismo, pero conservaba demasiado sus caracteres étnicos, lo cual le impedía concebir ideales precisos y orientaciones bien definidas. Por tanto, en Cuba no había clases sociales bien perfiladas, pues el trabajador negro no pensaba como el blanco, ni el capitalista español como el nativo (p. 9). El resultado de la disolución de los socio-clasista en lo étnico era la disgregación de fuerzas, la falta de espíritu de asociación, la relajación de los lazos de interés mutuos en unidades afines y la ausencia de disciplina, de subordinación y de orden jerárquico en todos los actos de la vida pública, rezagos de la antigua organización esclavista y colonial.

La herencia, o el conjunto de las herencias (latina, árabe-andaluza, asiática, etc.), explicaba la falta de vigilancia sobre la “cosa pública”, en la que sólo estaban comprometidos los cubanos nativos y naturalizados. Para el autor, ésta era la base social real de la política, eran los sujetos “más preparados”. Afirmaba, empero, que las leyes de la evolución social posibilitarían la adaptación lenta de todos los sectores a las circunstancias favorables y desfavorables. La herencia española (“las virtudes ganadas y perdidas durante cuatro siglos de colonización”) sería procesada y la República finalmente se salvaría.

En cuanto al análisis de las “anomalías (…) en el funcionamiento de nuestras instituciones republicanas”, Carrión buscaba sus respuestas en la inexistencia de la clase media. En lugar de ésta, existía una “clase política” reclutada entre todos los elementos de la sociedad (p. 19), preparados o no. La clase política surgió en Cuba, explica, por la necesidad de construir una democracia con los elementos nativos. El problema era que la democracia es el orden por definición de la clase media nacional (“profesionales y terratenientes”) y en la isla los poseedores del dinero no eran cubanos ni nacionalistas. Resultado:

Tuvimos, pues, que seguir un camino anormal en la construcción de nuestro país:

en vez de llevar al poder público una representación proporcional de la riqueza, llevamos la riqueza a manos de los representantes del poder público. ¿No es esta trasposición de valores sociales la piedra angular en que descansa toda la historia política de la parte de América que pertenece a nuestra raza? El mal está en que hicimos de esta nueva clase un gran núcleo parasitario (…) (p. 20).

 

Conclusión: no podía hablarse en aquel contexto de una sociedad cubana, ergo: el Estado cubano era una sociedad casi hipotética (p. 24). En el lugar del Estado había una “clase política” que trazaba medidas en beneficio propio, sin que se le pudiera poner coto a esa situación  (p.  20-21).  Éste  era  un  resultado  que  no  se  podría  variar  en  el  curso  de  una generación, pues era la expresión de una evolución según “leyes biológicas inamovibles” (p.

24).

 

Otros autores llegaron a conclusiones parecidas sobre las relaciones entre el Estado y su base ciudadana, siguiendo razonamientos desde una referencia menos evolucionista y más cercana al Derecho Público. En 1919, el abogado Gustavo Gutiérrez Sánchez leyó en la Sociedad  Cubana  de  Derecho  Internacional  su  discurso  La  desintegración  de  la  Nación

 

definida, cosa que llamó la atención a otros contemporáneos (Fernando Ortiz) de la actuación de Cuba en la firma del Tratado de Versalles, que puso fin a la I Guerra Mundial. Para Gutiérrez, el éxito en política exterior “no reside en la materialidad de las armas, sino en las ideas (…)” que las sostienen (p. 7). Sin Wilson (o sea: un ideal de democracia opuesto a la arbitrariedad  que  representaban  el  Kaiser  y  la  política  postbismarckiana),  Foch  habría fracasado: esa era la conclusión de la Guerra. Así pues, en el contexto de un nuevo sistema político internacional, ¿qué destino le tocaría vivir a Cuba?

Siguiendo a Levy-Ullmann, Gutiérrez afirmaba que Cuba podía ser una beneficiaria directa de la crisis mundial. El mundo tendría que “empezar de nuevo”, lo que para él se traducía lógicamente en un replanteamiento del derecho internacional. El “nuevo” objetivo sería la libertad. Cuba tendría que seguir esta línea si deseaba (y era deseable) entrar a formar parte de  la  comunidad  jurídica  internacional  que  se  concretaría  en  la  proyectada  Liga  de  las Naciones. Conseguirlo implicaba cumplir (o “perfeccionar”) ciertos requisitos referidos al territorio, la población, el gobierno y la soberanía.

Territorio. El dilema se centraba en la solución de los dos “puntos de invasión”, establecidos desde la Enmienda Platt, que ponían en entredicho las fronteras físicas del Estado cubano: la base naval que EE.UU. mantenía (y aún mantiene) en Guantánamo (sureste de la isla) y el reconocimiento definitivo de la soberanía de Cuba sobre la sureña Isla de Pinos. Pero tal dilema también contemplaba el problema de la propiedad extranjera sobre los bienes raíces. Los ciudadanos debían reflexionar y pronunciarse sobre la inconveniencia de la evasión hacia el exterior de los fondos cubanos.

Población. Sin embargo, este pronunciamiento no sería probable sin una conciencia ciudadana generalizada:

(…) que tengan colectivamente las cualidades que cada uno en privado necesita

para triunfar y que hagan respetar por propios y extraños los grandes principios en que descansa la nación (p. 10).

 

En la tradición de Aristóteles, definir al ciudadano es definir al Estado, porque la forma de actuar de cada individuo determina el porvenir nacional. Aquí entra en su explicación la interpretación crítica del pueblo o “agregado social”, pues para él, cada día se definían mejor síntomas de descomposición social y de desintegración nacional que, sin terapia adecuada, liquidarían la nacionalidad. Sin la organización adecuada, los cubanos nunca merecerían el respeto y la consideración internacionales: el país carecería de personalidad jurídica propia y sería percibido como un protectorado virtual norteamericano, cuestión fuera de dudas para gobiernos que (como el británico) habían buscado infructuosamente la concertación de tratados comerciales que fueron en su momento “desaconsejados” por Washington (Ibarra Cuesta,

1992). Para Gutiérrez Sánchez, estaba claro que las raíces de los males del Estado (“el cuerpo”) había que buscarlas en el pueblo compuesto por los individuos (“las células”). A células buenas, corresponden organismos sanos y fuertes.

Gobierno. La biología social se podía leer en clave de sociología política: a la incompetencia de los gobernantes cubanos, correspondía la indiferencia de los gobernados; a la pasividad del Congreso, la estulticia de los electores; a la desorientación de la política exterior, el desorden en la vida doméstica. Siguiendo al filósofo Enrique José Varona, su profesor de psicología en la carrera de Derecho, Gutiérrez afirmaba que los males públicos eran la obra de todos y apelaba a las normas inherentes a la práctica de la virtud para combatir la inercia social:

 

Mientras no cumplamos con exactitud nuestros deberes por el solo placer de cumplirlos; mientras perdamos lastimosamente el tiempo en burlarnos hasta de lo más serio y en sacrificarlo todo por hacer reír a los demás; mientras hagamos de la política un resorte de encumbramientos rápidos y de destrucción de reputaciones; mientras  tengamos  un  amor  propio  y  una  susceptibilidad  tan  excesiva  que  se sientan heridos al menor contacto (sic.) y no actuemos con el pensamiento fijo en la idea y la actuación en lo práctico, no saldremos de esta precaria situación política, ni determinaremos para siempre nuestra condición internacional (p. 13).

 

Por tanto, el gobierno tenía que estar organizado si el Estado quería ser una persona jurídica en el “concierto de las naciones”. Según Rousseau, aquel era en pequeño lo que el cuerpo político que lo contiene es en grande. Por eso, las administraciones elegidas hasta

1919 eran un reflejo exacto del pueblo que los eligió. En ambos se notaban similares gérmenes

de descomposición y letargo.

 

Soberanía (exterior). “Una nación es o no soberana; pero no lo es a medias” (p. 15). A consecuencia de los tres primeros elementos, la soberanía era el requisito menos sólido de la República. A fines de la segunda década, la evidencia del intervencionismo diplomático de los EE.UU. en los asuntos domésticos era aplastante: al interior de una de las principales agrupaciones políticas -¿el Partido Conservador?- se había llegado a discutir la “absurda idea” de que Washington, “un poder extraño”, supervisara las elecciones generales. Los defectos de la soberanía cubana eran visibles en todas partes. Albert Bushnell Hall, profesor de Gobierno en Harvard, había dividido en tres grupos los estados del mundo (poderosos, ricos y organizados; civilizados, pero pequeños; y pequeñas, débiles y desamparadas unidades que precisaban el amparo de los primeros): Cuba entraba en el tercer grupo junto a las demás “repúblicas bananeras” del área, el autor no la considerda siquiera civilizada. Los gobiernos de tales “protectorados”, apuntaba Bushnell Hall en la influyente publicación The Outlook, no son menos libres para gobernarse que los estados de la Unión. El artículo había sido calificado de imperialista en los círculos de abogados, pero Gutiérrez Sánchez no dejaba de reconocer las fallas del sistema y desconfiaba de las facultades del pueblo para regenerarse. Por esta razón, él buscaba el remedio en “un esfuerzo dirigido y sabiamente sostenido” hacia la plenitud cultural (p. 18), proceso que era necesario acelerar si Cuba quería no regresar a la colonia. En esta afirmación se vuelve a percibir una lógica que sería radicalmente explicitada en 1927 por Alberto Lamar Schweyer (Biología de la Democracia. Un ensayo de sociología americana. Habana, Minerva): la conveniencia de integrar a los intelectuales en la conducción nacional (tutelaje interno) y la de un elemento acelerador, una voluntad fuerte, que se impusiera a las circunstancias y las rectificara. Si la ciudadanía estaba enferma, haría falta un “cirujano de hierro” para curar el mal.

 

 

1. IV. CONCLUSIÓN

 

La crisis de la I República, proceso fechado por un testigo entre 1906 y 1924, es el resultado del agotamiento de un sistema político casi hipotético que fue democrático- republicano en sus formas, y oligárquico-caciquil en su lógica funcional. Tal cansancio se explica por la escasez de recursos para intentar su reforma y a las limitaciones que imponía la naturaleza jerárquica de su reproducción. El sentido patrimonial de la gestión del poder que compartían las elites políticas trajo como consecuencias la corrupción administrativa y la bancarrota de la representación. Este quiebre tiene dos fases: (a) el debilitamiento del crédito de partidos, candidatos, gobiernos y mecanismos legislativos y jurídicos; y, (b) la crisis de

 

movilización de los sectores sociales políticamente activos sobre todo a partir de 1923 y, de frente a esto, el fortalecimiento de la fórmula autocrática de gobierno bajo la administración de Gerardo Machado, entre 1925 y 1933.

En otros términos: al cerrarse cada vez más, el sistema político cubano se hacía incapaz de procesar los conflictos que generaba una sociedad cada vez más compleja. Si es cierto que la sociedad funciona sistémicamente, un elemento tan común en los sistemas como es el conflicto tiene necesariamente que estar previsto, al menos: en un grado aceptable. Si hay un orden (aparente), hay también una forma relativamente efectiva de regular, procesar y contener o desviar el conflicto. Sin embargo, en la I República las formas de contención se hicieron  antiguas  e  ineficaces.  Por  esto,  las  partes  “menos  controladas”  del  sistema aumentaron su interacción, su capacidad para corresponder entre sí y su presión sobre los agentes del orden: la respuesta de la clase política fue poner en práctica una fórmula (autocrática) que le permitiera seguir funcionando como un sistema cerrado, al tiempo que posibilitara nuevas regulaciones. Observar los nuevos problemas que amenazaban la inestabilidad con una óptica antigua, sin cuestionar su legitimidad y su capacidad de control, tendría su costo político: una revolución y la bancarrota del sistema oligárquico.

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS

 

1. 1. Antonio ANNINO (Universidad de Florencia) y otros historiadores han discutido el problema de la leyenda negra de la representación política en América Ver: Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. De la formación del espacio político nacional (México, FCE, 1995). Para Cuba, esta  cuestión  comienza  a  partir  de  la  consideración  por  muchos  historiadores  de  la  I República como una “pseudo república”, una “república mediatizada”, o “una república neocolonial”, calificativos  que hay que revisar. En política no existen pseudo repúblicas,  como en medicina criminal no existen “pseudo asesinatos”. Ningún país se presenta como una república mediatizada ante  los  organismos  internacionales.  Tulio  HALPERIN  DONGHI  (Historia  Contemporánea  de América Latina, Madrid, Alianza, 1970) estudia el orden neocolonial, pero evidentemente se trata de un sistema regional de influencias pautado por EE.UU. De modo que trasladar esto al marco de una república insertada en ese orden parece exagerado. Existen modos más finos de apuntar la dependencia haciendo notar también el peso específico y las complejidades de los campos políticos: una república bananera es una también una república. Aunque la nación queda atada por tratados a una potencia y se convierte en un protectorado virtual, esa condición no anula de por sí la autonomía relativa de los agentes nacionales involucrados en el ejercicio del poder.

 

2. 2. Otro elemento favorable es que generalmente se poseía la percepción de la república como el propósito de las contiendas bélicas (la fórmula era legítima y viable al ligar el nacionalismo y el modelo republicano-liberal en un solo proyecto).

 

3. 3. ZANETTI (Habana, Casa de las Américas, 1998) apunta que, en la segunda mitad del siglo XIX, la cercana Latinoamérica,  “una  región  poseedora  de  cierto  desarrollo  económico  y  patrones comerciales bien establecidos”, se presentaba como el área más favorable para la materialización de las tendencias expansivas de la economía norteamericana (p. 39). En particular, “Cuba, con un intercambio que en 1880 totalizaba 66,5 millones de dólares, constituía un socio de primera importancia para Estados Unidos” en el área. No obstante, la peculiaridad de Cuba radicaba en que la isla proporcionaba la mayor cantidad de azúcar que éste consumía -lo que más adelante entraría en contradicción con los productores de azúcar de remolacha y de la caña azucarera hawaiana-, pero era un pobre comprador, cuyas adquisiciones rara vez superaban el 20% del total de sus ventas,  debido  al  régimen  arancelario  establecido  por  España  para  cerrar  el  acceso  a  tales Los exportadores norteamericanos alentarían las ideas encaminadas a superar este déficit, sin importar las vías de hecho (p. 40).

 

4. 4. En la revista Illes i Imperis de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (n. 2, primavera 1999) se

 

en un taller internacional de historiadores en la Universidad de La Habana. Este autor desconoce de la existencia de otras reproducciones.

 

5. 5. El filósofo y estadista Enrique  José Varona escribió en 1922: “A pesar de lo favorable de las circunstancias que rodearon la cuna de nuestra república, no era presumible que escapáramos a todas las graves dificultades que acarrean los cambios radicales en la vida de un Arduos problemas tenían que ponérsenos delante; y ya lo era suficientemente el mismo que surgía del hecho de ser la constitución de nuestra nacionalidad la obra de un poder extraño y formidable”. Y añadía: “Soy de los que creen, y lo he creído siempre, que pocos pueblos deben más a otro que Cuba a los Estados Unidos. Pero ni la gran república ha podido pretender, ni nosotros podíamos aceptar, que nuestra gratitud, que debe ser franca y entera, nos lleve a la abdicación de nuestro derecho a la vida, como grupo de hombres con historia y fisonomía propias”. Cfr. “Veinte años de república”, El Fígaro, mayo 21 de 1922.

 

6. 6. Según Ambrosio FORNET (En Blanco y negro. Habana, Instituto del Libro, 1967): “1923 se inicia con una dramática campaña de «regeneración nacional» -que por primera vez coincide con los intereses dominantes”. (p. 41).

 

7. 7. El municipio fue para Cuba lo mismo que para Sarmiento y otros A fin de corregir las eventuales arbitrariedades del poder central y civilizar el espacio republicano, este proponía agrupar en pequeñas localidades a los habitantes del campo. Este espacio urbano era la síntesis del tipo social que reclamaba el orden social deseado. Así concebido, el municipio es una forma jurídica que recuerda el pueblo cercano a Neufchatel mencionado por Rousseau en la “Lettre a D’Alembert”, el village norteamericano y algunas comunidades vistas por Sarmiento en Cuyo y en Chile: pueblos agrícolas, de vida frugal y escasos recursos que administraban con inteligencia. Lugares donde el bien o el mal eran comunes para todos. Para los republicanos, la subordinación del municipio a la provincia y ésta a la del ejecutivo nacional, sugiere la aparición de males mayores: oligarquías regularizadas en  las  provincias  al  amparo  del  presidente  (Botana,  1984).  Si  hiciéramos  la arqueología del municipio en Cuba, hallaríamos algunas evidencias de una discusión política importante, como Notas sobre el progreso municipal cientítico, de F. Carrera Jústiz (Habana, Imp. “La Moderna Poesía”, 1905).

 

8. 8. Éste fue gobernador civil de la provincia bajo la I Intervención y después gobernador

 

9. 9. La clientela personal de Gómez se localizaba en el centro histórico de la región (Sancti Spiritus), los generales Jesús Monteagudo y Gerardo Machado controlaban la localidad de Placetas y Santa Clara, la capital administrativa de la  Otros allegados  (sin clientelas)  eran el coronel Orestes Ferrara y Enrique Villuendas, éste tempranamente asesinado.

 

10. Ramos, J. A. Manual del perfecto fulanista. Apuntes para el estudio de nuestra dinámica político- social (Habana, Imp. Artística, Saez, Hnos. 1916, p. 40-41). La conducta política de cada Jefe del EL habría que establecerla equilibrando caracteres, posiciones sociales y cultura, explicó Ramos. Al referirse a la elite colonial está pensando en quienes integraron las agrupaciones partidistas coloniales, y sobre todo en los ex autonomistas. El Partido Revolucionario Cubano fue fundado por José Martí en el exilio para preparar la guerra de 1895.

 

11. Quien  escribe  entrevistó  a  Monseñor  Carlos  Manuel  de  Céspedes  y  García  Menocal,  Vicario Provincial de Marianao-Oeste, La Habana. Este obispo descendiente del “Padre de la Patria” Carlos Manuel de Céspedes y de dos presidentes de la República asegura la adherencia sin límites de estos pintorescos personajes a sus jefes respectivos. Recuerda que cuando fue enviado en los años

60 (después del triunfo de la revolución de Fidel Castro) a organizar las parroquias de Holguín, en

las cercanías del central azucarero “Chaparra” (fundado por su tío abuelo) varias personas se le acercaron “para mostrar sus respetos y simpatías al nieto de Menocal, el hombre que había convertido la zona [un monte inhabitable antes] en un lugar civilizado y que siempre estaba al tanto de sus necesidades”.

 

12. SALOM SOLVES, J.: Psicología del Estado Cubano, o Cuba por dentro. Cienfuegos, Imprenta y

Fotograbados La Luz, 1910.

 

13. El autor podía decir por ejemplo que si el sistema era ilegítimo, entonces no era inmoral la traición de las lealtades creadas, etc.

 

14. ZZ. “Los partidos políticos en el Régimen Constitucional”, La Reforma Social, 1914, Tomo I, p. 53.

 

15. Cfr. RAMOS, J.A.: La senaduría corporativa. (Proyecto de reforma constitucional). Publicado en

Cuba Contemporánea, Imp. El Siglo XX, 1914, 29 p.

 

16. En este universo habría que situar revistas como La reforma social y Cuba Contemporánea, que vivieron un republicanismo intenso. La divulgación y discusión de las ideas republicanas, no sólo siguió el circuito de las publicaciones, hay constancia de que el 22.V.1909 el Ateneo y Círculo de La Habana organizó un debate en varias sesiones sobre el régimen de gobierno que más podría convenir a Cuba. No sólo asistieron autoridades intelectuales como Enrique José Varona, Ramón Meza, Carlos de Velasco y Julio Villoldo. También políticos muy diferentes como Eliseo Giberga y Orestes Ferrara.

 

17. En este contexto escribió el abogado Francisco Figueras su larga “confesión” Cuba y su evolución colonial (La Habana, Imp. “El Avisador Comercial”, 1907). Figueras defendió la autonomía en contra del separatismo hasta que entendió en 1895 que “hacer de Cuba un Canadá, (…) implica hacer de España una Inglaterra” (p. 2), pero básicamente por las razones que imponía el nuevo estallido separatista.  Para este autor, la evolución natural (y no la revolución social) era el garante del progreso humano. Las sospechas que le generó la República están relacionadas con la capacidad para el autogobierno, según apunta en su libro. Había que contar en todo caso con los atavismos coloniales que modelaban un hombre sin espíritu comercial y ahorrativo, sin vocación de sobriedad y frugalidad, hipócrita, falto de iniciativa para hacerse de una posición independiente, vanidoso y falto de carácter. El año de la publicación no es inocente, coincide con la II Intervención militar de EE.UU. en Cuba y, por tanto, con el primer fracaso evidente de la República.

 

18. De la Torriente, C. (1922) “Inmigraciones peligrosas. (Discurso en el Senado de la República el

30.VII.1917, al discutirse el proyecto de ley sobre inmigración que, después de aprovado y sancionado fue ley el 3.VIII.1917).” En su biografía: Cuarenta años de mi vida 1898-1938, Parte II “Cuestiones sociales y economía (1917-1921)”, Habana, Imp. El Siglo XX, p. 103. El contexto es el siguiente:  el  25.V.1917  el  presidente  conservador  Mario  García  Menocal  (general  del  EL  y hacendado) solicitó al Congreso medidas para solucionar la escasez de brazos en la industria

azucarera.  En la sesión continua, el senador Manuel Coronado presentó una proposición  para facilitar  la  entrada  de  inmigrantes,  la  cual  quedó  pendiente.  Antes  de  que  se  discutiera,  el

13.VII.1917 se dio cuenta de un proyecto de ley aprobado con el mismo fin por la Cámara mediante en el que se autorizaba “toda inmigracion de braceros o trabajadores” hasta dos años después de terminado el estado de guerra, fijando requisitos que resultaron amplios y nominales. El conservador De la Torriente encabezó la oposición y propuso, a fin de “balancear” el tema étnico, que el Senado aprobara una enmienda para que también se dejaran sin efecto las disposiciones de la Orden n. 155 de 1902 (del Gobierno Militar norteamericano) que impedía la entrada de chinos en Cuba. El Senado

rechazó la enmienda y el proyecto pasó a manos de una comisión de ambas cámaras, cuyo presidente fue el propio Cosme de la Torriente. La Comisión Mixta fue aún más lejos que la Cámara de Representantes y el proyecto de ley final otorgó más ventajas aún a la inmigración descontrolada. La discusión final en el Senado fue el 30 de julio y a esta sesión corresponde el discurso en cuestión.

 

19. La falta de interés cívico de la “población de color” fue una opinión que perduró en la conciencia de los que hicieron la República, y fue heredada por algunos grupos inicialmente radicales que se enfrentaron a Gerardo Machado, como la sociedad terrorista secreta ABC (que, según cronistas de la época, estaba compuesta por blancos de la clase media urbana). El ABC lanzó proclamas con el lema: “¡Si te sobra comida, dásela a un perro; pero no a un negro!” Ellos acusaban a este sector de ser adicto a Machado, sin entender que sus planteamientos dejaban de lado la desigualdad étnica, por lo que las “clases de color” no se identificaban con la organización. El escritor oficialista Alberto Lamar  Schweyer  interpretaba  esta cuestión  así: “En realidad,  lo que ocurría era que el negro formaba una gran parte de las clases más pobres de Cuba y ajena al problema, no como raza, sino como clase social. Interpretando mal el hecho, que era solo un síntoma, los oposicionistas enfilaron sus baterías de dicterios contra los negros”. (Detalles en: Cómo cayó el presidente machado. Una página oscura de la diplomacia norteamericana. Madrid, Espasa-Calpe, 1934, p. 50).

 

20. Cfr. “El desenvolvimiento social de Cuba en los últimos veinte años” En: Cuba Contemporánea, Año

IX, Tomo XXVII. Habana, septiembre 1921, Núm. 105, p. 7

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

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La Transición de  Estado de SATS

 

 

En Estado de Sats tenemos un plan de transición (este es el primer video muy resumido y pedagógico) desde una visión conservadora, que las principales figuras políticas republicanas del exilio, y muchas de las instituciones y ONGs del anticastrismo woke,

no han querido escuchar ni incluir en debates políticos públicos.

¿Por qué la diáspora política no parece apostar por crear un ambiente realmente democrático donde se muestren por igual y compitan, todas las ideas de solución para #Cuba?

¿Por qué se ha apostado por un proyecto que parte de un absurdo conceptual desde lo político, repleto de demagogia, de total indefinición ideológica: ni de derecha ni de izquierda, sino de extremo centro?

Comparen ustedes ambas propuestas.

 

https://x.com/ClaudioFMadan/status/1771912606506156431

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Cualquiera creería por este tweet que @EstadodeSats tiene una propuesta distinta, cuando en realidad es muy similar a la transición de Pay’a o de CABA.

https://movimientoc40.com/oswaldo-paya-documento-trabajo-programa-transicion/

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El viejo cuento de: “La soberanía radica en el pueblo” y de ahí a una Constituyente no hay nada; igual que los socialistas golpistas de latino américa.

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Estado de SATS – Programa para un nuevo ordenamiento político, jurídico y económico en una transición democrática en Cuba

https://www.estadodesats.com/programa-para-un-nuevo-ordenamiento-politico-juridico-y-economico-en-una-transicion-democratica-en-cuba/

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Descargar el Proyecto en PDF

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Puntos a discutir:

1. Según Claudio se necesita un dialogo donde las ideas. Los proyectos compitab democráticamente.
2. Según Claudio el Proyecto de Transición es superior al de Rosa María.
3. Poner video de RM
4. Ambos proyectos son similares; son una derivación de la Transición de Payá.
5. Poner video de Rodiles
6. El castrismo no es reformable.
7. Democracia, Derechos fundamentales y DD. HH.
8. ¿Qué hacer para evitar el vacío de poder?
9. ¿Qué derogar, mantener y transformar de las estructuras estatales durante la transición?
10. ¿Qué implementar en cuanto derechos y libertades?
11. ¿Qué pasos dar en el sector económico?
12. Soberanía, Democracia y Poder Estatal
13. El viejo cuento de la soberanía radica en el pueblo
14. Los derechos humanos
15. El estado de derecho ya está diseñado por la C40
16. Toda esa muela del castrismo es innecesaria
17. Gobierno de Transición – Desmantelar castrismo – Estabilizar el país – Elecciones
18. Gobierno de acuerdo a las circunstancias
19. Disolver el PCC – Cuál Ley?
20. Reforma provisional Ley de asocianes
21. Crear separación de poderes utilizando estructuras actuales
22. Derogar todas las leyes que violan el ejercicio de los DDHH. Usando los cuerpos legales anteriores enmendados.
23. Restructuracion del Ejercito
24. Crear una nueva ley electoral
25. Elecciones Constituyente
26. Votacion para la Constitucion nueva
27. Elecciones generales